La Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, a través de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, ha puesto en marcha el Plan de Inspección Industrial 2017, que prevé realizar 8.820 inspecciones en 1.500 establecimientos de la Región, multiplicando por cuatro las actuaciones realizadas en años anteriores, cuando el número de inspecciones rondaban las 2.000. Las inspecciones estarán especialmente orientadas a confirmar las condiciones de las empresas que se han puesto en marcha tras presentar una declaración responsable, tal y como establece la ley de simplificación administrativa, que ha suprimido decenas de trámites burocráticos exigidos hasta ahora para abrir negocios.
El consejero, Juan Hernández, acompañado por la directora general de Energía y Actividad Industrial y Minera, Esther Marín, explicaron en su presentación que «este aumento de inspecciones se debe a que ahora, con la simplificación administrativa se elimina la carga burocrática de la revisión de los documentos de los expedientes, por lo que los inspectores pueden salir más a la calle. La gestión también se ve mejorada a la hora de establecer todos los procedimientos».
Añadió que «es la primera vez que el plan de inspección comienza en enero, gracias a la mejor gestión del trabajo».
El plan, según explicó Hernández, tiene como objetivo la protección al ciudadano, a los bienes y al medio ambiente, a través de la seguridad industrial y minera. Añadió que «con las inspecciones se conciencia a los empresarios de la responsabilidad adquirida como consecuencia de la simplificación administrativa y se aumenta la vigilancia del buen uso de los fondos públicos destinados al fomento de la eficiencia energética y energías renovables».
Así, declaró, «ya se han dado los primeros pasos de este plan y se ha lanzado la primera campaña de requerimiento documental asociado a la declaración responsable». La Dirección General ha enviado 103 requerimientos asociados a los trámites industriales y 337 asociados a los energéticos. Los destinatarios dispondrán de 10 días para aportar la documentación y, si no lo hacen automáticamente, se les sancionará. «El objetivo no es la sanción, sino la concienciación e interiorización de esta nueva forma de trabajar», apuntó Hernández.
Las sanciones leves conllevan una multa de 3.000 hasta 30.000 euros en el régimen minero, por falta de colaboración con la Administración. Las graves suponen multas que pueden alcanzar los 300.000 euros en el régimen minero, en cuanto a defectos de mantenimiento. Las infracciones muy graves conllevarían una multa desde los 90.151 euros en seguridad industrial hasta 1.000.000 euros en el régimen minero, después de un accidente o reincidencias.
El titular de Desarrollo Económico destacó que «seremos especialmente contundentes con los que quieren aprovecharse de la oportunidad que implican las declaraciones responsables. Aquellos que amparándose en las mismas no hayan cumplido deliberadamente la ley, se les aplicará la sanción correspondiente». Asimismo, aseguró que el objetivo es «proteger a los que cumplen la ley para que se beneficien de sus ventajas y perseguir a los que quieren abusar de este nuevo régimen de confianza administrativa».
Las inspecciones que se llevarán a cabo en este plan son de dos tipos, auditorías por sectores y muestreo. Las auditorías se realizan a instalaciones existentes, y la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera incidirá en locales de pública concurrencia (grandes centros comerciales) y en polígonos industriales. Aquí está previsto efectuar 2.435 inspecciones relacionadas con la seguridad industrial y 277 con la seguridad minera.
En el caso de los muestreos se llevarán a cabo 6.108 inspecciones. En concreto, 4.000 sobre el control documental de las declaraciones responsables, 1.012 en relación a procedimientos sujetos a autorización.
