Seis comunidades autónomas (Murcia, entre ellas) han trasladado al Ministerio de Hacienda su propuesta de que el nuevo modelo de financiación autonómica, que deberá aprobarse este año, contemple la condonación de las partidas del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que han recibido, instrumento financiero que creó el Gobierno en el verano de 2012 cuando los gobiernos autonómicos tenían cerrados los mercados y por el que ha desembolsado en torno a 100.000 millones de euros.
En concreto, según fuentes del Gobierno, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias -que recibe fondos de un instrumento de facilidad financiera parecido al FLA-, Baleares y Murcia (la única de las seis gobernada por el PP, las demás cuentan con gobiernos del PSOE, solos o en coalición) recogen esta demanda entre sus propuestas de cara al nuevo modelo de financiación y, en todos los casos, argumentan esta petición en compensación por la deuda generada por la infrafinanciación que consideran que padecen.
El Gobierno admite, según las mismas fuentes, que podría aceptar dicha demanda, pero solo en aquellas comunidades que reciben una financiación por debajo de la media nacional a través del modelo vigente en la actualidad, si bien no precisa qué comunidades estarían en esta situación.
Además de esta petición, otra propuesta que se repite en algunas comunidades es la concesión de anticipos a cuenta de los fondos de convergencia, como es el caso de Murcia, Cataluña o Baleares, propuesta que el Gobierno no ve mal aplicar en el nuevo modelo de financiación en caso de que se diseñen fondos sin entregas a cuenta.
Federalismo fiscal en Cataluña
En el caso concreto de Cataluña, esta comunidad, junto con Baleares, es la que va más allá en sus reclamaciones y pide avanzar hacia el federalismo fiscal, de modo que los tributos se queden en el territorio en el que se recaudan, como sucede ahora en País Vasco o Navarra. Asimismo, apuesta por utilizar un medidor del coste de vida, como por ejemplo el IPC o aplicar el principio de ordinalidad, por el que tras el reparto de los fondos, si existen desigualdades, se respete el orden original.
Por su parte, Galicia quiere garantizar los costes reales de los servicios públicos y priorizar la financiación de la sanidad, mientras que Andalucía demanda una mayor armonización de los impuestos entre comunidades para evitar el 'dumping fiscal', demanda a la que se suman otras comunidades como Asturias y Castilla-La Mancha.
Tener en cuenta la población y los servicios públicos que se han de ofrecer, así como la dispersión o el envejecimiento, son otras de las propuestas que se repiten en las comunidades. En este caso, aparecen en las medidas propuestas por Murcia, Andalucía, Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Madrid o Extremadura.
Prácticamente la totalidad de las comunidades piden establecer un catálogo de servicios común, cuya dotación esté asegurada y por identificar claramente las variables que determinan el coste de prestación de los servicios fundamentales, estableciendo las diferencias particulares entre autonomías.
En cuanto a Madrid, el Gobierno autonómico solicita elaborar un sistema más simple que el actual y usar la población padrón como variable de distribución de los fondos, en lugar del indicador de población ajustada actual.
De su lado, el Gobierno apuesta por un nuevo modelo de financiación autonómica con un enfoque más vinculado a la nivelación de los recursos destinados a los servicios públicos fundamentales y a su desvinculación de las oscilaciones considerables del ciclo económico.
