El Gobierno central ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley aprobada por la Asamblea Regional que blinda a las familias sin recursos contra los cortes de luz y de gas. Aunque el Ejecutivo de Mariano Rajoy todavía no ha impugnado formalmente la norma murciana, ya ha notificado su intención de acudir al Constitucional a través de la comisión mixta de la que forman parte la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha mostrado su sorpresa ante el rechazo de Madrid, dado que los artículos cuestionados por el Estado también aparecen en la ley catalana, pero no han sido impugnados, aunque el Estado sí ha recurrido otros aspectos del texto vigente en Cataluña.

El representante de la PAH Francisco Morote explicó que la Asamblea Regional copió de la ley catalana la mayor parte de los artículos relativos a la pobreza energética, que fueron introducidos mediante la reforma de las leyes de Vivienda y de los Estatutos de Consumidores y Usuarios, con el apoyo de la oposición y voto en contra del PP.

El texto fue publicado en BORM el pasado mes de junio. El 6 de septiembre el ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, comunicó al Gobierno regional la decisión del Estado de recurrir al Constitucional algunos de los artículos de la ley murciana relativos a la pobreza energética y también a los desahucios.

Uno los preceptos rechazados por Madrid, que aparece en el artículo 13 de la ley murciana, establece que «las administraciones públicas deben garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, de gas y de electricidad a las personas y unidades en situación de riesgo de exclusión residencial mientras dure dicha situación. En el caso del gas, el derecho de acceso únicamente se garantiza si el edificio afectado dispone de este tipo de suministro».

Añade igualmente que «la Consejería del Gobierno regional con competencia en materia de vivienda elaborará un protocolo obligado de comunicación a los servicios sociales y de intervención de estos servicios previamente a la concesión de las ayudas necesarias para evitar los cortes de suministro, en los casos de impago por falta de recursos económicos de las familias afectadas, que se deberá remitir a los distintos municipios de la Región».

Morote recordó que el Gobierno central también ha llevado ante el Constitucional la ley de energías renovables murciana, que eliminaba el 'impuesto al sol' en la Región, y acusó al Ejecutivo regional de doblegarse ante Madrid. «La gente cuando no paga la luz es porque no puede», aseguró, al tiempo que recordó el caso de la mujer fallecida en Reus a causa del incendio provocado por la vela que tenía encendida en su casa después de que le cortaran la luz. Su muerte causó una gran conmoción, dado que los servicios sociales conocían su caso.