Casi 70.000 familias de la Región sufren la llamada pobreza energética, lo que significa que no pueden permitirse calentar su casa lo necesario. El 13,1% de los hogares murcianos se retrasan en el pago de la luz, el gas, el agua o la hipoteca, según los datos que ofrece la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, por lo que están amenazados por los cortes en el suministro. De momento, existe una bonificación para los jubilados con pensiones más bajas, los hogares con todos sus miembros en paro y las familias numerosas, que tienen un descuento del 25% en la tarifa eléctrica, conocido como bono social.

Sin embargo, la subida de luz que se ha producido este mes, coincidiendo con la ola de frío que ha barrido la Región, será un problema añadido para una de cada cinco familias murcianas, dado que el 19,9% de los hogares tiene dificultades para llegar a fin de mes, según el INE. Algunos ayuntamientos han firmado convenidos con Iberdrola en los que la compañía eléctrica se compromete a mantener el suministro a los clientes que carecen de recursos mientras que los servicios sociales se hacen cargo de los recibos impagados.

Comunidad, ayuntamientos y las ONG Cáritas o Cruz Roja se están encargando de costear los recibos de la luz a las familias con menos recursos o les ayudan a pagar la acometida cuando se quedan sin suministro por impago. Aunque no hay cifras oficiales de beneficiarios, la directora general de Familia, Verónica López, apuntó que unos 4.500 hogares reciben ayudas de los fondos distribuidos entre los municipios, parte de las cuales se destina al pago de recibos de luz.

Verónica López añadió que a la dotación de algo más de dos millones que pone la Consejería se suma el dinero que aportan los ayuntamientos, cuya cuantía puede ser superior a la partida de la Administración regional.

Por su parte, el secretario de la Federación de Municipios de la Región, Manuel Pato, explicó que «todos los ayuntamientos que hemos consultado tienen detectadas a familias susceptibles de ser consideradas vulnerables y, por lo tanto, con problemas en el suministro energético». Los servicios sociales tienen esa información. Hasta la fecha, los ayuntamientos detraen dinero de sus fondos sociales para pagar entre dos y tres meses como máximo. Además, elaboran el informe correspondiente para la compañía energética», con el fin de evitar el corte en el suministro por impago.

Manuel Pato recordó que, a pesar de la entrada en vigor de la ley que impedía a los ayuntamientos seguir prestando servicios asignados a las comunidades en las competencias autonómicas, su aplicación resultó inviable en la práctica, por lo que los consistorios han seguido atendiendo a las familias necesitadas con sus propios fondos y con las ayudas procedentes de la Comunidad a través de convenios. Recordó igualmente que la Federación de Municipios de la Región ha aprobado un acuerdo, en el que señala al Gobierno central la directiva europea que obliga a los Estados «a adoptar medidas para proteger a los consumidores más vulnerables y a luchar contra la pobreza energética». Añadió que la normativa europea «prohíbe cortar el suministro en momentos críticos».

Por su parte, la diputada regional de Podemos María Ángeles García Navarro anunció ayer que su partido recurrirá a la vía legal para que los ayuntamientos puedan conseguir la financiación que destinan a cubrir los servicios que prestan a su vecinos, «como es el caso de la dependencia o de la pobreza energética». Añadió que hay familias que no llegan a acudir a los ayuntamientos cuando tienen recibos sin pagar, por lo que no pueden conseguir el informe de los servicios sociales que les evitaría el corte de luz.

Desde el Grupo Popular, la parlamentaria Severa González le contestó que el Gobierno «está volcado en la atención social». Recordó los dos millones que «la Comunidad destina a los ayuntamientos para actuaciones con las familias, además de otras medidas, como la renta básica de inserción». Añadió que «el presidente regional firmó un acuerdo con Iberdrola en mayo de 2016 para evitar cortes de luz a las familias vulnerables».