La Conferencia de Presidentes acordó ayer que la nueva financiación autonómica estará cerrada este año, aunque en la cumbre no se ha alcanzado un acuerdo que garantice a Murcia los 250 millones más que reclama. El presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez, se lamentó ante sus homólogos de que el actual sistema de reparto «ignora a uno de cada tres murcianos». Sánchez se alineó con la presidenta de Madrid, Cristina Fernández, en defensa de la autonomía de las regiones para bajar impuestos, frente a las comunidades que apostaban por armonizar la fiscalidad para evitar la fuga de empresas.
El jefe del Ejecutivo regional también planteó la cuestión del agua en la cumbre autonómica, en la que demandó un pacto de Estado que requiere «noble diálogo y lealtad». Por ello, animó a trabajar «para concretar soluciones» a un asunto que en Murcia, a causa de la sequía», adquiere especial relevancia. Añadió que, «aunque no todas las comunidades lo perciben como un problema propio, para la Región de Murcia sí lo es». Sánchez expresó su confianza en que «surja la voluntad de acuerdos para avanzar juntos en temas de Estado, como el agua. El Gobierno de España está comprometido en resolver este problema. Así lo recogió en el pacto de investidura y ha mostrado gran sensibilidad en uno de los peores momentos de escasez de la Región con la aprobación del decreto de sequía y el abaratamiento del agua desalada».
La Conferencia de Presidentes se inició con un desayuno al que asistieron el jefe del Gobierno central, Mariano Rajoy, y el rey Felipe VI. Dejaron su asiento vacío el presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, y el lehendakari, Iñigo Urkullu. Entre los diez puntos incluidos en el orden del día figuraban otras cuestiones, como la dependencia, la eliminación de la tasa de reposición, el pacto por la educación y el bono eléctrico.
Las autonomías gobernadas por el PSOE reclaman una financiación basada en criterios como el despoblamiento, la dispersión de los núcleos rurales o la edad de la población, que determinan el coste real de los servicios, frente a la aspiración de Murcia de establecer una fórmula de reparto regida por la población. El presidente murciano sostiene que el actual sistema «ignora a uno de cada tres habitantes de la Región», mientras que «hay municipios con un 30% de inmigrantes, a los que la Comunidad debe prestar servicios». Pidió que «se corrija cuanto antes el trato discriminatorio que desde 2009 venimos sufriendo» y recordó que Murcia recibe 250 millones de euros menos que la media de las comunidades.
El acuerdo alcanzado establece que en el plazo de un mes se constituirá un grupo de trabajo formado por los expertos que nombre cada comunidad para empezar a perfilar el nuevo sistema.
Sánchez se mostró a favor de permitir a las comunidades bajar sus impuestos, algo que según recordó «ya ha hecho esta región, que apuesta por la reducción impositiva y tiene vocación de seguir haciéndolo».
El presidente murciano se alineó así con las tesis de la madrileña Cristina Cifuentes y de la presidenta de Baleares, Francina Armengol, alejándose de los postulados de los restantes presidentes, que sí quieren armonizar la capacidad impositiva. Entre ellos se encuentra la andaluza Susana Díaz, quien rechaza que Madrid no aplique tributos como Patrimonio o Sucesiones y Donaciones.
Sánchez aseguró que «con esfuerzo, con políticas y decisiones como la bajada de impuestos, estamos consiguiendo que se cree empleo por encima de la media nacional», al tiempo que el PIB regional se sitúa también a la cabeza del crecimiento nacional.
La armonización fiscal entre comunidades provocó un rifirrafe entre el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la presidenta de la Comunidad de Madrid a propósito de las diferencias fiscales entre regiones. Revilla se encaró con Cristina Cifuentes a causa de las exenciones y rebajas fiscales que aplica. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, medió entre ambos para salvar la situación.
El presidente del Gobierno murciano también propuso aprovechar esta etapa de recuperación económica para «seguir creciendo con nuevas ideas, talento y conocimiento que nos den un valor añadido en el mundo». Demandó «una mayor inversión para elaborar un plan de conocimiento e investigación con el fin de seguir creando un empleo más sólido y ser más competitivos. Necesitamos también que se pongan en marcha, por parte del Estado, y con la participación de las comunidades y la conferencia sectorial de Empleo, nuevas fórmulas de políticas activas de empleo e innovaciones en la aplicación de la Garantía Juvenil para crear más empleo y de mayor calidad. Eso también ha sido parte de uno de los acuerdos importantes que se han adoptado».
Pedro Antonio Sánchez destacó entre la decena de acuerdos alcanzados, la flexibilización de la tasa de reposición (que Montoro tratará con cada comunidad), el bono social en el suministro eléctrico o la mayor participación de las regiones en cuestiones relativas a la UE.
Por su parte, la consejera de Presidencia, María Dolores Pagán, destacó que la Conferencia ha asumido la propuesta de Murcia de suprimir la norma que obliga a cubrir solo las vacantes por jubilación también en los servicio de Emergencias, lo que permitirá ampliar la plantilla de bomberos del Servicio de Extinción de incendios.
