El socialista Joaquín Hernández, presidente de la Federación de Municipios, destaca el consenso logrado por los alcaldes de la Región para abordar de una vez por todas el asunto de la corrupción y establecer unas normas de juego para todos. Sin embargo, el regidor de Lorquí advierte de que el código ético aprobado por la Comisión Ejecutiva de la FMRM, «solo es aplicable en Administración local, a los alcaldes y concejales de la Región, y no se puede hacer otra comparativa con lo que pueda ocurrir en otros ámbitos», señala Hernández, en clara referencia al caso de Pedro Antonio Sánchez.

El presidente de la FMRM aclara que el documento aprobado por la Comisión Ejecutiva, que ya venía respaldado por la comisión de Transparencia de la Federación, está todavía abierto a aportaciones, pues deberá revisarlo el Consejo de la Transparencia y aprobarlo la asamblea de la Federación de Municipios. También quieren que lo ratifiquen en sesión plenaria los 45 ayuntamientos de la Región de Murcia. Destaca Joaquín Hernández que hubo un intenso debate en el seno de la Comisión Ejecutiva (donde hay cuatro representantes del PSOE, cuatro del PP, uno de IU y otro de Movimiento Ciudadano de Cartagena) para la inclusión de este artículo 16 que fija en la apertura de juicio oral la línea roja para dimitir. «Había compañeros que querían establecerla en la sentencia condenatoria, y otros partidarios de ponerla en el mismo momento de la investigación. Al final acercamos posturas y hemos alcanzado un consenso que puede ser ejemplo en otros ámbitos políticos. Debemos acabar ya con la permanente sombra de sospecha que pesa contra los dirigentes locales», afirma el socialista.

Hernández no entra a valorar la situación del presidente «ni los compromisos que tenga firmados» y niega también que el hecho de que la Federación, de mayoría socialista, haya aceptado la línea roja del juicio oral, inhabilite al PSOE para exigir la dimisión del jefe del Ejecutivo regional en el caso de que el TSJ lo investigue por el caso Auditorio. «El PSOE tiene toda la libertad y legitimidad para exigir la dimisión de quien considere oportuno», explica.