Los alcaldes de la Región de Murcia le han hecho un favor al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez. La Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM) ha aprobado un código ético interno con normas a la hora de proceder en el caso de que alguno de ellos se vea inmerso en un procedimiento judicial por el ejercicio de sus funciones. Y, contra lo que cabía esperar en un órgano en el que el PP está en minoría, lo aprobado no va en la línea de lo que defienden los partidos que exigen que el jefe del Ejecutivo regional dimita en el supuesto de que el TSJ lo investigue por el caso Auditorio, como ha pedido oficialmente una juez de Lorca.
El llamado Código de Buen Gobierno de la Federación de Municipios señala textualmente en su artículo 16 que «los cargos públicos locales encausados penalmente asumirán la obligatoriedad del cese en su puesto por delito ligado a la corrupción, violencia de género, acoso o discriminación contra la libertad e indemnidad sexual, torturas o contra la integridad moral, así como los delitos graves, como los derivados de cualquier forma de terrorismo, su entorno y exaltación, en el momento de la apertura del juicio oral».
Esto va contra el acuerdo que Partido Popular y Ciudadanos firmaron en junio de 2015 para la investidura de Pedro Antonio Sánchez, que establece en su primer punto la obligatoriedad de dimitir para cada cargo público u orgánico que sea imputado por la Justicia por un asunto de corrupción política.
Los alcaldes de la Región intentan además establecer una clarificación de los diferentes conceptos jurídicos introducidos con la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que eliminó el término imputado. Recuerda la Federación de Municipios que, según la nueva normativa, «el vocablo imputado se sustituye por otros dos más adecuados, como son investigado y encausado». La propia ley define también el significado y el alcance de cada uno de ellos. «Investigado servirá para identificar a la persona sometida a investigación por su relación con un delito», mientras que «encausado designará a aquel a quien la autoridad judicial, una vez concluida la instrucción de la causa, imputa formalmente el haber participado en la comisión de un hecho delictivo», establece ahora la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vigente desde principios de este año.
Por tanto, aplicando rigurosamente los preceptos de la normativa estatal, la imputación de un político se produce «cuando alguien es encausado, lo que coincide con la apertura del juicio oral, y no durante la fase de instrucción del proceso penal», que es en la que estarían los cargos públicos que fueran investigados.
Los alcaldes van más allá y, en el texto aprobado, dejan claro que, con la Constitución en la mano, la línea roja estaría todavía más allá de la apertura del juicio oral. «Si queremos una aplicación rigurosa del principio constitucional de presunción de inocencia, lo único que debería tener consecuencia para el afectado sería una sentencia firme condenatoria, y ni la situación de investigado ni la de encausado habrían de determinar el cese del implicado», reza el mencionado artículo 16 del Código de Buen Gobierno de la FMRM. No obstante, entienden los regidores en el citado documento que, por la regeneración democrática, «se podría determinar llegar a que un encausado por pesar sobre él indicios racionales de culpabilidad, no debería permanecer en un cargo público».
Lo establecido en el Código de Buen Gobierno de la FMRM supone un salvavidas al presidente Pedro Antonio Sánchez, que podría ser próximamente investigado por el TSJ si la Sala de lo Civil y Penal admite la exposición razonada que han redactado la juez del caso Auditorio. Si este hecho se produce, los partidos saldrán en tromba a exigir su dimisión, aunque podría alegar que a él se le exigen cosas que no se aplican los demás, que no se arriesgan a tener que irse solo porque un juzgado admita una denuncia y les llame a declarar.
Y es que la Federación de Municipios la preside el socialista Joaquín Hernández, alcalde de Lorquí, y está cuenta con mayoría socialista, ya que el PSOE controla 27 de los 45 ayuntamientos (28 hasta hace unos días, cuando perdió Blanca). Además, en la Comisión Ejecutiva de la FMRM, que aprobó el Código de Buen Gobierno esta semana, están los alcaldes del PSOE en Mula, Jumilla y Cieza, además de la regidora de Moratalla, que es de Izquierda Unida. El vicepresidente es el alcalde de Cartagena, José López, de Movimiento Ciudadano, que fue el azote del PP de Pilar Barreiro precisamente por los asuntos de la presunta corrupción política.
