La Región de Murcia ha reducido sus entes públicos de 90 a 52 en los últimos cuatro años, es decir, un 42,22%, el segundo mayor descenso por comunidades sólo inferior al registrado por Islas Baleares, que ha pasado de 173 a 78, un 54,91% menos. Así se desprende del balance difundido ayer por el Ministerio de Hacienda y función Pública que refleja que los entes públicos dependientes de las comunidades autónomas se han reducido un 22,83% desde 2012 hasta el 1 de julio.

En este periodo, detalla Hacienda, se han suprimido 537 y 189 están en procesos muy próximos a su extinción -se han disuelto posteriormente, han cesado en sus actividades o se encuentran en proceso de liquidación-. Como forma de impulsar estos procesos en las comunidades autónomas, el Ministerio decidió incluir el compromiso de reordenación en los planes de ajuste que les permiten acceso a los mecanismos adicionales de financiación que se han puesto en funcionamiento. En los últimos cuatro años, las comunidades que más entes públicos han reducido han sido las Islas Baleares, de 173 a 78 (-54,91%), la Región de Murcia, de 90 a 52, un 42,22% menos, y Castilla- La Mancha, de 55 a 32 (-41,82%).

Por contra, las regiones que han reducido en menor medida los entes públicos han sido Melilla -que mantiene 10 respecto al anterior periodo-, Ceuta, que ha pasado de 22 a 20 y Andalucía, que ha pasado de 360 a 321 (-10,83%). En Aragón la reducción de entes públicos ha sido del 17,74%, en Asturias del 11,11%, en Canarias del 12,79%, en Cantabria del 26,56%, en Castilla y León del 29,07%, en Cataluña del 20,6%, en Extremadura del 13,16%, en Galicia del 31,52%, en Madrid del 15,43%, en Navarra un 18,31%, en La Rioja de 20% y en la Comunidad Valenciana del 27,49%.

Según la tipología del ente, el Ministerio destaca la reducción experimentada durante los últimos cuatro ejercicios en el número de consorcios (-25,35%), sociedades mercantiles (-29,34%) y entes públicos dependientes de las comunidades (-31,03%). La publicación del inventario de entes dependientes de las comunidades permite conocer la dimensión y composición del sector público autonómico y con su publicación se da cumplimiento al compromiso de transparencia.