Dos caras de una misma moneda, como era previsible. Mientras que los partidos de la oposición de Murcia reclaman al presidente Pedro Antonio Sánchez que dimita, y en el caso del PSOE, exigen al Gobierno regional que se persone en el caso Auditorio, desde las filas del Partido Popular salen en tromba a defender al jefe del Ejecutivo murciano.
El secretario general del PSOE-RM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González Tovar, exigió al Gobierno regional que se persone en la pieza separada del caso Auditorio «en defensa de todos los murcianos», puesto que la jueza lo ha elaborado «porque no sabe a dónde han ido exactamente los seis millones de euros de la subvención pública».
Ante los «graves acontecimientos políticos» que están ocurriendo en la Región de Murcia con respecto al auto de la jueza sobre los delitos que se puedan haber cometido en el caso Auditorio, el dirigente socialista manifestó que «exigimos que se respete la justicia, y lo que hacen el PP y el Gobierno es poner en cuestión el auto de la jueza, el valor de la justicia, el informe de la fiscalía, y a la Inspección General de las Administraciones del Estado».
«Ante esta situación, creemos que más que defender a un ciudadano particular, en este caso Pedro Antonio Sánchez, lo que tiene que hacer el Ejecutivo es personarse para defender a todos los murcianos, porque si ha habido quebranto económico en esa subvención, ha perjudicado las arcas regionales y a toda la ciudadanía de la Región», concluyó.
Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo, subrayó ayer que Pedro Antonio Sánchez, «no está acusado de ningún delito de corrupción» y espera que así lo entienda Ciudadanos, que es su socio de Gobierno.
A pesar de que el partido 'naranja' ha avisado de que le retirará el apoyo si el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) confirma su imputación, Maíllo destacó que el caso en el que se le investiga no es de corrupción, sino «en el peor de los escenarios, de un error administrativo».
Desde Murcia, el portavoz parlamentario del PP, Víctor Martínez, insistió en esta misma tesis, indicando que al tratarse de un posible error administrativo un posible «error administrativo», no entraría en los supuestos de corrupción que, en virtud del acuerdo de investidura con Ciudadanos, obligarían a dimitir al presidente Sánchez.
El portavoz popular pidió «prudencia, análisis y razón» en el caso Auditorio, así como que se respete la presunción de inocencia porque, de lo contrario, se estaría entrando en una «vorágine» con la intención de obtener un beneficio político.
Por su parte, el diputado murciano Teodoro García Egea, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, consideró que la última denuncia contra el presidente de Murcia terminará archivada, igual que las quince anteriores.
