El presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, está a un paso de ser nuevamente imputado por la Justicia, lo que complicaría la estabilidad del Gobierno de la Región a solo 17 meses del inicio de la legislatura.
La titular del Juzgado de Instrucción Número Uno de Lorca, Consuelo Andreo, ha finalizado la instrucción del caso Auditorio y ha elevado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Región pidiendo formalmente que se investigue al jefe del Ejecutivo autonómico, que fue alcalde de Puerto Lumbreras durante los años en los que se proyectó y construyó el Teatro-Auditorio de la localidad. También quiere que el TSJ se encargue de investigar al resto de implicados en la causa, entre ellos los concejales que formaban parte de la Junta de Gobierno que aprobaba los trámites del proyecto, del arquitecto Martín Lejárraga y de varios funcionarios municipales. «No parece que sea posible tramitar separadamente la causa para la persona aforada con separación de los segundos», señala el auto.
La juez señala en su escrito que, tras las diligencias practicadas durante más de un año, existen suficientes indicios de responsabilidad penal para investigar a Pedro Antonio Sánchez por los delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude contra la Administración Pública y falsedad en documento oficial. La magistrada no puede tomar declaración al presidente regional debido a que éste, por su condición de diputado autonómico y miembro del Consejo de Gobierno, goza de aforamiento y solo puede ser investigado por una instancia jurídica superior como el TSJ.
La exposición razonada de la juez Andreo, que consta de 54 páginas, es bastante similar al escrito que ya presentó hace una semana el fiscal del caso, José Luis Díaz Manzanera, y al informe que la Intervención General de la Administración del Estado incorporó hace unos meses a la causa. Así, la juez observa posibles infracciones penales en el proceso de adjudicación, construcción y recepción de la obra del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras, que según la magistrada Consuelo Andreo solo está ejecutada al 62%, cuantificando en 2.278.421 euros el valor de la parte no realizada.
La juez comienza su relato de las irregularidades a finales de 2006, cuando Sánchez, entonces alcalde, obtiene la subvención de seis millones de euros de la Comunidad para construir un auditorio en Puerto Lumbreras. Para obtener esta ayuda pública, indica la juez, presentó un anteproyecto y un proyecto básico redactados por el arquitecto Lejárraga, el que finalmente acabaría dirigiendo los trabajos, y una ubicación para el edificio que no era la que finalmente acabaría teniendo.
Se refiere también la exposición razonada al concurso de ideas convocado por el ayuntamiento de Puerto Lumbreras para «intentar legalizar la contratación de Lejárraga», una decisión que la juez no considera justificada. Critica asimismo que «Pedro Antonio Sánchez convoca dicho concurso en fechas navideñas, establece un plazo de 15 días para presentar propuestas y elude la publicación de la misma en el Diario Oficial de la Comunidad Europea». «El concurso de ideas se configura como la solución para poder legalizar una situación previa, donde el alcalde ha seleccionado personalmente al arquitecto y contratado con el mismo sin tramitación de expediente», continúa la exposición razonada, que considera que este proyecto modificado fue «innecesario, superfluo, infundado, inútil y exagerado».
Otro punto dudoso del proceso de construcción del Teatro-Auditorio está, a juicio de la magistrada, en la modificación que se realizó del proyecto inicial a mitad de los trabajos. En principio, se trataba de solventar unos problemas técnicos por la existencia de un vial de próxima construcción, que obligaba a retranquear nueve metros el inmueble. Pero la juez no ve claras esta explicación. Para ella, «cuando se empieza a certificar el proyecto modificado, existe un desajuste en obra de 1.838.388 euros cobrados indebidamente, que es necesario justificar. El modificado se muestra como la solución perfecta y explicaría que la obra no se concluya totalmente». «Como consecuencia del modificado -indica la exposición razonada- la obra deja de ser completa y se incumple de manera evidente el objeto de la subvención» concedida por la Comunidad Autónoma.
Respecto a las certificaciones de obra, señala el auto de la juez de Lorca que «a la misma obra certificada se le aplicaron doblemente gastos, beneficio industrial e IVA», concluyendo que «las cantidades que no se destinaron al pago de la obra se computan en 1,8 millones de euros». También asegura la magistrada en su escrito dirigido al TSJ que «el alcalde autorizó una certificación de 2.254.068 euros, a la cual no se acompañó informe alguno que justificara ni un solo acopio en obra». No se explica la juez Andreo que, un mes después de esta elevada certificación, «el ayuntamiento de Puerto Lumbreras concertara una operación de crédito con el Banco Santander por importe de 2.200.000 euros, con sus gastos e intereses».
Sobre la recepción del edificio, afirma la juez que no debió de haberse realizado «porque la obra ejecutada se encontraba al 61,96% y también considera que el ayuntamiento de Puerto Lumbreras no justificó correctamente el segundo plazo de la subvención de seis millones de euros concedida por la Comunidad.
