Ciudadanos, el partido que permitió la investidura de Pedro Antonio Sánchez y socio preferente de su Gobierno, se mostró ayer muy tajante: el presidente de la Comunidad deberá dimitir si el TSJ lo llama a declarar como investigado por el caso Auditorio.
Así se expresaron ayer los principales líderes de la formación tras conocer que la juez de Lorca que instruye las diligencias ha elevado una exposición razonada al TSJ de Murcia acusando al presidente de cuatro delitos. El vicesecretario general de C's, José Manuel Villegas, que la pasada semana había dicho que esperarían a que declarara ante las instancias judiciales para exigirle la dimisión, afirmó ayer que pedirán su renuncia en cuanto el TSJ lo impute, si es que lo hace. Villegas recordó que en el pacto que PP y Ciudadanos firmaron para la investidura de Sánchez, éste asumió «en primera persona» el compromiso de que si él mismo o algún miembro de su equipo de gobierno era imputado por corrupción política abandonarían sus cargos. Un compromiso que, según el número dos de Ciudadanos, Sánchez ratificó al día siguiente de la firma del acuerdo, al declarar públicamente en un acto de la CROEM que si era imputado por el caso Auditorio presentaría su dimisión.
En la misma línea se expresaron dirigentes del partido naranja como los diputados Fernando de Páramo y Toni Cantó. Este último afirmó que su partido romperá el acuerdo de investidura si PAS es imputado y no dimite.
Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea Regional, Miguel Sánchez, aseguró que «no es una buena noticia» que la juez del caso Auditorio pida la imputación del presidente regional, pero indicó que «en este momento es cuando más calmado y más serenos tenemos que estar». No obstante, se mostró tajante. «Si el TSJ imputa al presidente de la Comunidad Autónoma, inmediatamente se tendrá que marchar en cumplimiento del acuerdo de investidura, sin ninguna duda», afirmó Sánchez.
«En el momento que esté imputado tendrá que cumplir, porque es lo que ha firmado y lo que ha dicho. La relación del político con los ciudadanos está basada en la confianza, y los ciudadanos tienen que confiar en que nuestra palabra se cumple, en lo que firmamos y lo que prometemos se cumple. El presidente de la Comunidad es presidente porque firmó un documento, los dos cumplimos. Votamos al presidente para que gobernara y, en el caso de que se confirmara esta imputación, tendría que cumplir su parte y marcharse. Es así de sencillo», resaltó.
Rafael González Tovar, portavoz del PSOE en la Asamblea, manifesto que «la juez, además de pedir que se le investigue, ha hecho un estudio individualizado de Pedro Antonio Sánchez y dice que ve cuatro posibles delitos -malversación de fondos, prevaricación, fraude y falsedad documental-, que hacen necesaria esa imputación. Es un paso más que lleva a la posible imputación del presidente, que tendrá que cumplir con su palabra y cesar en el cargo una vez que se haya manifestado el TSJ». No obstante, Tovar recordó que el jefe del Ejecutivo «todavía no está imputado», por lo que llamó a respetar los tiempos de la Justicia.
Por su parte, el secretario general de Podemos en la Región, Óscar Urralburu, afirmó que el auto de la juez de Lorca apunta una posible financiación ilegal del Partido Popular. «La ciudadanía en la Región y en todo el país sabe qué pasa con estas cosas. Estamos ya acostumbrados a ver presidentes de comunidades autónomas en procesos judiciales, como es el caso. No está imputado porque está aforado, si no, estaría directamente imputado», indicó el portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, que asegura que «los murcianos y las murcianas no nos merecemos tener un presidente que está manchando el nombre de la Región».
«Ya no cabe tirar la pelota fuera o decir que son partidos políticos o fiscales que instrumentalizan la Justicia para hacer política. Está muy claro el auto de la juez, lo hemos leído y tenemos a los servicios jurídicos estudiándolo y no solo avanza cuatro delitos muy graves -fraude, malversación, falsedad documental-, sino que además avanza la posibilidad de financiación irregular, lo que afectaría directamente a todo el Partido Popular. El presidente lo que tiene que hacer es aclarar su situación, no declarar para aclarar, sino aclarar de una vez por todas si va a dimitir en el caso de que lo impute el TSJ», indicó Urralburu.
