Los problemas judiciales se le acumulan al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez. El fiscal del caso Auditorio, José Luis Díaz Manzanera, ha pedido formalmente la imputación del jefe del Ejecutivo regional por los delitos de prevaricación, fraude, falsedad en documento público u oficial, malversación de caudales públicos y administración desleal supuestamente cometidos durante el proceso de adjudicación, construcción y recepción del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras, proyecto que se llevó a cabo en la época en la que Pedro Antonio Sánchez fue alcalde de la localidad.

El fiscal define la tramitación de esta obra, que se recepcionó sin estar concluida al 100%, como «un cúmulo de despropósitos», estimando que Sánchez, como alcalde, participó «en todos y cada uno de los hechos relatados, siendo perfecto conocedor de los mismos». Ahora debe ser la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lorca quien decida si, como recomienda el fiscal, envía una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia pidiendo que investigue a Sánchez, que al ser aforado no puede ser citado a declarar por la Justicia ordinaria. Fuentes judiciales indican que lo normal es que el juez siga el criterio del fiscal, aunque hay precedentes de lo contrario, como en el caso Noos, en el que la infanta Cristina fue imputada por el juez Castro pese a que el escrito del Ministerio Público sugería lo contrario.

El demoledor informe del fiscal deja en una situación muy delicada al presidente regional, que gobierna gracias a un acuerdo de investidura con Ciudadanos, cuyo primer punto indica que cualquier cargo público que resulte imputado (lo que ahora se llama investigado) por corrupción política debe dimitir 'ipso facto'. Además, sobre el jefe del Ejecutivo regional pesa también la amenaza de que el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, solicite al TSJ o al Tribunal Supremo que se le investigue por el caso Púnica.

No obstante, hasta que la Sala de lo Civil y Penal del TSJ no dicte auto llamándole a declarar como investigado por alguno de estos dos casos, Pedro Antonio Sánchez no estará oficialmente imputado. En el PP se muestran tranquilos ante el futuro del presidente porque entienden que los delitos del caso Auditorio se circunscriben al ámbito administrativo (pese a que el fiscal habla expresamente de infracciones penales) y que en el caso Púnica no puede haber delito porque no se contrató a las empresas de la trama ni hubo encargo para hacerlo.

Estos argumentos no parecen convencer a Ciudadanos que, en el caso de que Sánchez fuera investigado, tendría en su mano pedir al PP que presente un candidato alternativo de entre los 45 diputados de la Asamblea o bien unirse a PSOE y Podemos en una moción de censura.

El presidente, por su parte, señaló que «nadie tiene que juzgar antes que la Justicia», pidiendo que se deje a trabajar a los tribunales. Sánchez recordó que siempre ha dado la cara ante la Justicia, «que me ha dado la razón en quince ocasiones», aludiendo a las denuncias presentadas por el PSOE contra él, entre ellas la que dio origen al caso Auditorio.