El director gerente de la Fundación Síndrome de Down de Murcia (Fundown), Pedro Martínez, ha pedido hoy a la administración una campaña de concienciación a los empresarios para que sepan que este colectivo, con un 85 por ciento de paro, tiene "formación previa y capacidades" para desempeñar un trabajo.

Martínez ha detallado en la comisión de Discapacidad del Parlamento murciano que sólo 50 de los 220 asociados de Fundown tienen empleo, lo que les permite tener una vida autónoma, por lo que ha instado a potenciar los programas de formación e inserción para estas personas, que tienen una tasa de paro superior a los discapacitados físicos, que ronda el 50 por ciento.

Ha afirmado que una de las medidas que tienen en marcha es el empleo con apoyo, mediante el cual esta ONG paga durante un mes a un profesional que está asesorando y ayudando en el puesto de trabajo a una persona con síndrome de Down sin generar costes al empresario.

Además, ha subrayado la importancia de que la Consejería de Educación y Universidades homologue los dos cursos de 700 horas cada uno que imparte Fundown, así como la mejora del transporte público a sus asociados a los polígonos industriales y centros de negocios.

Martínez también ha instado a que la futura Ley de Accesibilidad Universal autonómica también haga hincapié en la discapacidad psíquica y "vaya más allá" de la eliminación de las barreras arquitectónicas.

Otra de sus demandas es que se financie el programa de viviendas autónomas en las que residen estas personas tras haber aprendido a manejarse en ellas tras cuatro años conviviendo con voluntarios universitarios.

Desde los grupos parlamentarios, la socialista Consuelo Cano ha criticado que los "deberes pendientes" de la administración regional en la pasada legislatura vuelvan a ser expuestos por Fundown e incidido en la necesidad de que sus asociados puedan recibir de nuevo ayudas a la dependencia si finaliza su contrato temporal.

Por su parte, María López, de Podemos, ha puesto el foco en la importancia de que este tipo de asociaciones con "larga experiencia" en la Región tengan prioridad en los conciertos con la administración frente a las "grandes empresas que pueden bajar el precio del servicio a costa de la calidad".

Por ello, ha apostado por incluir cláusulas sociales en estos contratos, entre ellas, la de "libre elección del usuario", en virtud de la cual los afectados puedan decidir qué fundación, empresa u ONG puede prestar el servicio.

El diputado de Ciudadanos Juan José Molina ha resaltado el "ejemplo internacional" que representa Fundown e Inmaculada González, del PP, la necesidad de una Ley General de Derechos e Inclusión Social de este colectivo de ámbito nacional con el triple objetivo de ofrecer igualdad de oportunidades, favorecer su inclusión y evitar su discriminación.