La Mesa General de la Función Pública aprobó ayer las mejoras económicas anunciadas por la consejería de Hacienda para los 50.000 funcionarios de la Comunidad Autónoma en el presupuesto año 2017, de las que informó LA OPINIÓN el pasado martes, con las protestas de UGT y Comisiones Obreras, que criticaron la difusión de las propuestas a través los medios de comunicación antes de ser presentadas a los sindicatos. La representación de la Federación de Servicios Públicos de UGT incluso abandonó la mesa de negociación para «manifestar su más absoluta disconformidad ante el proceder habitual de Gobierno murciano respecto a la relación con los representantes legítimos de los empleados públicos». También CC OO había expresado sus quejas y criticó que la Administración considerara «como hechos consumados medidas aprobadas hace un año en mesas sectoriales, que no se corresponden con lo que el consejero de Hacienda anuncia a bombo y platillo».
Según informó la Comunidad en una nota de prensa, el acuerdo incluye la recuperación de la ayuda de 151 euros por natalidad o adopción, las nuevas medidas de apoyo a las víctimas de la violencia machista, que incluyen el cien por cien de las retribuciones en caso de baja laboral, así como anticipos y una asignación económica aún sin determinar.
Los empleados de la Administración regional recuperarán otras medidas suspendidas con los recortes, como los anticipos reintegrables extraordinarios y las ayudas a personas con discapacidad.
En el Servicio Murciano de Salud se abonará en 2017 la totalidad del complemento específico en las pagas extraordinarias y se creará la figura del personal emérito.
Por su parte, los interinos docentes que hayan trabajado más de 255 días durante el curso escolar cobrarán los meses de julio y agosto. Estaba previsto igualmente que los 8.000 funcionarios de la Administración regional ganaran cinco puntos en su equiparación a los salarios del SMS.
Por otra parte, en cuanto entre en vigor el presupuesto de 2017 la Comunidad abonará el 37,7% de la paga extra suprimida en 2012 que queda pendiente, además de la subida que el ministerio de Hacienda establezca para todos los funcionarios del Estado.
