Tanto damnificados por la compra de cuotas participativas de la CAM como empleados de la caja que las vendieron quieren las acusaciones personadas en el proceso abierto por emisión y comercialización de estos valores que testifiquen ante la juez que investiga si hubo estafa en la salida a Bolsa y posterior «colocación» de estos valores. Así se lo han hecho saber a la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el letrado murciano Diego de Ramón, que representa a cerca de un millar de perjudicados por la compra de los títulos, y la asociación de usuarios de bancos y cajas Adicae, personada también como acusación particular en esta causa en nombre de unos 600 perjudicados.

Ambas partes han respondido así a la providencia de Lamela en la que, tras verse obligada por un tribunal de la Audiencia Nacional a reabrir esta investigación después de que le hubiera dado carpetazo en dos ocasiones, pedía a las partes que plantearan a quiénes querían que citara a declarar para cumplir con el acuerdo de tomar declaración «a una muestra significativa de inversores», tal y como acordó el citado tribunal.

Frente al planteamiento de Adicae, que reclama que sus 600 representados en la Audiencia Nacional que comparezcan ante su señoría, De Ramón es más partidario de pedir al Banco Sabadell un listado completo de quienes poseen cuotas y que sea la instructora la que determine a quién llama.

A estos testigos suma también el letrado murciano la pretensión de que sean citados a declarar empleados de la caja que vendieron estos títulos con la salvedad de que «actualmente ya no presten servicio para el Banco de Sabadell al objeto de garantizar su objetividad», según precisa en el escrito presentado en el juzgado. Y que se solicite a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el listado de compradores que hubieran presentado reclamaciones ante este organismo para que, de entre todos, la instructora cite a quien considere oportuno.

La Audiencia ordenó el pasado junio la reapertura de la investigación porque, entre otros argumentos, «no se informó al cliente sobre la contradicción entre su perfil y el producto adquirido», porque los compradores no habían tenido con anterioridad productos complejos de similar entidad que fueran gestionados por la caja» y porque «los adquirientes afirman que no fueron alertados en momento alguno sobre la complejidad del producto y el riesgo que en verdad implicaba». Ante las peticiones de las acusaciones particulares, el Sabadell (responsable civil subsidiario junto a la Fundación CAM) ha presentado en el juzgado un escrito en el que facilita los datos de ocho compradores de cuotas (de los que uno es de Mutxamel, otro de Elche y un tercero de Callosa del Segura) y de cinco «comercializadores» de estos titulos (ninguno de ellos de Alicante) para que sea a estas personas a las que la magistrada, de así estimarlo, llame a declarar. Los abogados del banco catalán consideran inviable que se cite a los 600 damnificados que plantea Adicae y recuerdan que las cuotas fueron emitidas por la CAM, cuya personalidad jurídica subsiste ahora en la Fundación, por lo que precisan que «la posición jurídica de emisor» corresponde a esta entidad.