Medidas extremas para casos desesperados. En esta situación se encuentran los cientos de agricultores del Campo de Cartagena que están esperando que les legalicen los pozos de sequía tal y como les prometieron, al amparo del último decreto aprobado por el Gobierno español en septiembre, para poder regar sin restricciones.

Representantes de las organizaciones agrarias Coag y Upa, y de la federación de cooperativas Fecoam, decidieron ayer encerrarse en la sala de juntas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), donde estuvieron hasta las cinco de la tarde. Salieron por su propio pie y sin ofrecer resistencia cuando llegó un grupo de ocho agentes de la Policía Nacional.

La protesta se produjo tras la reunión a la que les habían convocado para buscar una salida al bloqueo de los expedientes de legalización de 179 pozos, que en conjunto suponen la extracción de 14,5 hm3 de agua. En esta reunión también estuvieron representantes de Asaja y Proexport, así como de la administración regional.

En un principio, los expedientes, al amparo del decreto de sequía, iban a ser tramitados por el procedimiento de urgencia, pero al superar los 10 hectómetros cúbicos se necesita una evaluación de impacto ambiental para ver de qué manera afectaría al acuífero de la zona.

«Esto retrasaría en casi medio año la apertura de los pozos, y nosotros no podemos esperar tanto», explicó, muy enfadado, el representante de Coag en el Campo de Cartagena, Vicente Carrión.

Los agricultores propusieron entonces a la CHS que diera el visto bueno a la extracción de sólo 10 hm3, a lo que también se negó el organismo de cuenca. En este sentido, fuentes de la CHS indicaron que «se tiene que cumplir la legalidad a la hora de abrir los pozos y garantizar que el Medio Ambiente no sufre daños».

Por lo que respecta al encierro, declinaron hacer comentarios.

Los agricultores hicieron una última propuesta: Que no se autoricen nuevos pozos, pero que se deje utilizar el millar que ya están abiertos permitiendo el uso de desalobradoras. «Esto supondría acabar con el problema en un mes», apuntó Carrión.

«Nos han dicho que iban a estudiar todas las posibilidades, pero el problema es que no paran de darnos largas, y a cada propuesta que hacemos le ven un problema o un inconveniente; de soluciones, nada», se lamentó el secretario de Agricultura de Upa, Antonio Moreno.

Además, Santiago Martínez, presidente de Fecoam, criticó «la coacción» a la que algunas empresas privadas se ven sometidas por parte de la Comisaría de Aguas. «Les preguntan qué empresas tienen desalobradoras; eso es coacción a la empresa privada y será denunciado», dijo.

Los agricultores advirtieron que esta situación no va a quedar así. «Lo que nosotros pedimos no es un capricho sino una necesidad», en palabras de Vicente Carrión, quien adelantó que mañana convocarán una reunión con todas las organizaciones para decidir si reinician las movilizaciones.

Quieren a otro presidente

Los agricultores tienen claro que ya ha llegado el momento de cambiar al presidente de la CHS, Miguel Ángel Ródenas, y el inminente nuevo Gobierno es una oportunidad para ello.

«Nos gustaría que siguiera Isabel García Tejerina al frente del ministerio de Agricultura, pero no así la directora general del Agua, Liana Ardiles, ni el presidente de la Confederación», apuntó Antonio Caballero, quien añadió que «no se puede estar de figurín y no solucionar ninguno de los graves problemas que tenemos».