Lleva desde que se aprobó la ley, hace ahora cinco años, intentando lograr la titularidad compartida. Casada, de 46 años y con tres hijos, Adela Bernabéu trabaja en una finca de viñedos y olivar en Yecla, actividad que compagina con una casa rural que tiene en los mismos terrenos.

«Yo he trabajado toda mi vida en el campo, mi marido es también agricultor; y aunque la ley se suponía que iba a servir para sacarme de la sombra, por ahora no lo está consiguiendo», relata. Explica que le está siendo más rentable trabajar como autónoma que acogerse a la TC, y que los trámites, gastos, duplicidad del papeleo y de los controles que implica la titularidad compartida, sin recibir contraprestaciones, la han terminado por decidir dejarla aparcada, por ahora.

«Tenía muchas esperanzas puestas, porque, entre otras cosas, me iba a permitir participar como socia de pleno derecho en una cooperativa, cosa que ahora no puedo, ni yo, ni muchas: eres la mujer de, la hija de e incluso la madre de...», lamenta. Y dice no entender cómo no piensan realmente en ellas.

«Si estamos cómodas con lo que hacemos lo podemos transmitir a nuestros hijos; si no, el relevo generacional está mucho más limitado», concluye.