La Confederación Hidrográfica del Tajo ha licitado por 9,5 millones de euros el contrato para reparar y mantener durante dos años las conducciones del trasvase Tajo-Segura, infraestructura de la que depende el abastecimiento de dos millones de personas en la Región de Murcia y Alicante y el regadío de 200.000 hectáreas. El objetivo es mejorar la gestión de una canalización que tiene una antigüedad de 35 años y en la que son frecuentes las fugas, lo que unido al descenso de las aportaciones de agua por la sequía, la hace poco eficiente, según han venido denunciado los regantes. El mal estado de la canalización provoca que se pierdan unos 30 hm3 al año, caudal equivalente a un mes de abastecimiento y riego.

En la provincia de Alicante, los problemas se localizan principalmente en el sifón de Orihuela, donde las conducciones son de acero y la juntas de goma, por lo que suelen estropearse con frecuencia. La última gran reparación se produjo en 2008. El trasvase se diseñó calculándose un nivel de pérdidas del 10%, que se ha ido mejorando hasta dejarlo en torno al 5%, pero al ser una infraestructura antigua las averías son frecuentes, de ahí la licitación de este importante contrato.

Los agricultores no reciben gratis el agua del Tajo. Desde que se inauguró, han pagado ya más de 500 millones de euros en compensaciones ambientales para que se inviertan en Castilla-La Mancha y Madrid, comunidades autónomas que en el nuevo escenario tienen reservados 160 hm3 de agua para abastecimiento urbano desde el mismo 'grifo' que Alicante y Murcia (Entrepeñas y Buendía).

«Un error grave porque se ha sustraído agua de la provincia y, además, al final no se ha producido ese crecimiento urbanístico en aquellas zonas como el corredor del río Henares», recuerda Antonio Rico, director del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante. «El trasvase, con la tarifa actual del agua, es perfectamente sostenible, y la recuperación de los costes es total. Y todo lo pagan los agricultores de Alicante y Murcia», asevera Rico.

El sector necesita 300 hm3

El problema que tiene la cuenca del Segura (Murcia y Alicante) es que el sector agrícola necesita unos 300 hm3 al año y la desaladora de Torrevieja sólo produce unos 30 hm3 debido a que hasta ahora funciona al 40% de su capacidad y en horas nocturnas, donde la electricidad es más barata, porque de no ser así el precio del agua para el campo sería aún más prohibitivo. El Gobierno ha dado vía libre a la ampliación de la capacidad de producción hasta los 80 hm3, pero para ello la planta debe funcionar a pleno rendimiento, algo que tardará todavía unas semanas debido a la necesidad de finalizar algunas acometidas eléctricas. Los agricultores pagarán el caudal a 0,40 euros el metro cúbico, cuatro veces más que la del Tajo.

El contrato para reparar las conducciones del Tajo-Segura se licita al margen de las actuaciones contempladas en el decreto de sequía, cuya vigencia se ha prorrogado hasta octubre de 2017 y que incluye, entre otras medidas, el aumento de la capacidad de producción de agua desalinizada, no sólo en Torrevieja, sino en el complejo de Agua Amarga, desde donde se llevará caudal a Elche, Aspe, Crevillente y los Hondones (municipios atendidos por el Taibilla) que recibirán en torno a los 14 hm3 al año gracias a una inversión de casi ocho millones de euros.

Desde 2006, los Canales del Taibilla han invertido parte de sus recursos en obras de conexión que permitan la ampliación de las zonas servidas con agua desalada, lo que va posibilitando a cada vez más poblaciones reducir la dependencia del río y los pozos. Así todo, el Tajo-Segura sigue siendo insustituible. Antonio Rico considera que hubiera sido mucho más viable conectar las desaladoras de Agua Amarga directamente con la red de agua potable, como sucede en el caso de Alicante.