El número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2016 experimentó una subida del 6,8% en Murcia respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 820 a 768, según el informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público este viernes.
En concreto, el 29,6% de los lanzamientos -243- fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 569 -el 69,3%- se derivó de ejecuciones hipotecarias y los 8 restantes obedecieron a otras causas.
Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron un incremento del 11,5%, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias un 7,9%, descendiendo un 62% aquellos derivados de otras causas.
Cataluña -con 4.145, el 22,5 % del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el segundo trimestre del año, seguida por Andalucía, con 3.007, y la Comunidad Valenciana, con 2.901. Estos tres territorios sumaron más de la mitad -el 54,7 %- de todos los lanzamientos practicados en España en ese periodo.
Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, la clasificación la encabeza también Cataluña, con 2.636; seguida por Madrid, con 1.285; Andalucía, con 1.269; y la Comunidad Valenciana, con 1.239. En cuanto a los resultantes de ejecuciones hipotecarias, Andalucía está a la cabeza, con 1.611, seguida por la Comunidad Valenciana, con 1.589; y Cataluña, con1.306.
El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.
Con estas premisas, los datos disponibles para el territorio nacional reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2016 fue de 19.461, un 5,9% más que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, 11.843 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un descenso interanual del 0,9%.
El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en el segundo trimestre de 2016 fue de 981, lo que representa un descenso del 3,9% respecto a las presentadas en el mismo trimestre de 2015.
El descenso en las ejecuciones hipotecarias presentadas se produjo en todas las Comunidades Autónomas excepto en Asturias, Cataluña, el País Vasco y La Rioja.
Por territorios, las ejecuciones hipotecarias presentadas en Andalucía -con 3.491, el 24,3 % del total nacional-, Cataluña -con 3.046, el 21,2%- y la Comunidad Valenciana -con 2.056, el 14,3%-, representan más del 60% de las iniciadas en toda España.
El número de concursos presentados en el segundo trimestre de 2016 en los juzgados de lo mercantil fue de 60, un 30% mas que los registrados en el mismo periodo del año anterior.
El número de concursos declarados en el segundo trimestre en los Juzgados de lo Mercantil ha disminuido un 20,9% respecto al mismo periodo de 2015. Se declararon un total de 34 concursos.
Durante el segundo trimestre de 2016 llegaron a la fase de convenio un total de 6 concursos, mientras que otros 25 iniciaron la fase de liquidación, un 34% menos que en el mismo periodo de 2015.
Además, se mantiene la importante disminución interanual en el número de expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE). Se han presentado 6 expedientes, la mitad que en el segundo trimestre de 2015.
1.362 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social entre el 1 de abril y el 30 de junio pasados suponen un descenso del 3,9% respecto al mismo periodo del 2015.
El informe señala, asimismo, que los procedimientos monitorios presentados en el segundo trimestre del año en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de la Región fueron 6.106, lo que supone una disminución del 9,8% respecto al mismo periodo de 2015.
Como en el trimestre anterior, este tipo de procedimientos ha disminuido en todas las Comunidades, con la excepción de Cataluña, donde han aumentado un 2,1%.
Los procedimientos monitorios sirven para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.
