El Tribunal Superior de Justicia de la Región desestimó los recursos presentados por los dueños de dos oficinas de farmacia sancionados por venta o distribución no autorizada de ciertos medicamentos, uno con 150.000 y otro con 120.000 euros. Las dos sentencias de la Sala de lo Contencioso a las que accedió Efe señalan que las ventas que incumplían la normativa fueron detectadas al observarse que las farmacias adquirían determinados medicamentos en cantidades desproporcionadas.
Se afirma que «saltaron las alarmas» de la consejería de Sanidad murciana, organismo que impuso las multas, al comprobar que pese a estar en un municipio de reducida población, había comprados un número muy elevado de ciertos productos farmacéuticos. Las ventas realizadas en esas oficinas sólo se pudo justificar oficialmente mediante receta un número pequeño de unidades, por lo que falla que «puede concluirse que una cantidad tan inusual de unidades solo pudo ser objeto de venta o distribución no autorizada».
