Política

El futuro judicial de Pedro Antonio Sánchez pende de cuatro informes periciales

La Intervención del Estado confirma irregularidades en la obra del auditorio de Puerto Lumbreras y su defensa aporta documentos que descartan delitos

01.10.2016 | 04:00
El futuro judicial de Pedro Antonio Sánchez pende de cuatro informes periciales

Reacciones

  • "Hasta el último euro se invirtió en la obra"
  • Noelia Arroyo cree que los informes demuestran que «hasta el último euro de la subvención» concedida para su construcción se invirtió en la obra y que «estaba justificado», considerando que solo alude «a errores administrativos».
  • «Va por el mismo camino que Barberá, Bárcenas y Pujalte»
    Emilio Ivars señala que el informe confirma la ilegalidad del proyecto, por lo que pide al presidente que asuma sus responsabilidades. «Desde Rita Barberá, hasta Bárcenas, pasando por Martínez Pujalte, son la viva imagen del PP, y nuestro presidente parece que va por el mismo camino».
  • «Que se esclarezca lo antes posible»
    El portavoz de C’s, Miguel Sánchez, espera que el caso Auditorio se esclarezca «lo antes posible», confirmando que pedirá la dimisión del presidente si es imputado.
  • «No es sostenible» la situación del presidente
    Óscar Urralburu, de Podemos, dice que «no es sostenible» que todas las semanas salten novedades sobre los casos de corrupción que afectan al presidente».


     

La instrucción del caso Auditorio va llegando a su fin y la juez de Lorca que lleva las diligencias tiene en su poder cuatro informes, uno de la Intervención del Estado y otros tres del catedrático de Derecho Administrativo Santiago González-Varas, que llegan a conclusiones muy distintas sobre la presunta responsabilidad del presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, en el proceso de adjudicación, contratación, construcción y recepción del teatro auditorio de Puerto Lumbreras, localidad de la que Sánchez fue alcalde entre 2003 y 2013.

El informe de la Intervención del Estado, de más de 139 folios, responde a una serie de cuestiones planteadas por el juzgado relativas a la concesión de la subvención de seis millones por parte de la Comunidad Autónoma para financiar la obra, la justificación de la misma por parte del Consistorio, así como la regularidad del proceso de contratación y el control que hicieron las administraciones públicas sobre la ejecución de los trabajos y también sobre los pagos. También trata de dirimir si la recepción del edificio fue ajustada a derecho.

Las conclusiones no son muy favorables para el presidente. Sobre la concesión de la subvención, señala el perito que no hay documentos acreditativos sobre la titularidad el solar donde se iba a construir el auditorio y que el proyecto presentado para obtener la ayuda pública «era un simple anteproyecto que no reunía el requisito de ser de ejecución, como había requerido la Comunidad».

Respecto al proceso de contratación, señala el informe que «el procedimiento administrativo seguido se considera adecuado a derecho», y recuerda una sentencia del juzgado de lo Contencioso de Murcia. No obstante, señala que «el proyecto finalmente redactado difiere completamente del que se presentó en la solicitud de la subvención, y en unos terrenos diferentes».

Tira de las orejas Intervención en el hecho de que «fue muy deficiente o inexistente» la comunicación a la Comunidad, que era la que aportaba el dinero, de los cambios en los diferentes proyectos. Sobre la recepción de la obra, señala el perito que «no debería haberse firmado el acta de forma favorable», pues concluye que la obra «no era completa». Critica también que la Comunidad no solicitara el reintegro de la ayuda.

Por su parte, la defensa jurídica de Pedro Antonio Sánchez ha encargado al catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante Santiago González-Varas tres informes que avalan «la inexistencia de ilícitos penales y respaldan las actuaciones administrativas realizadas, en su día, por el ayuntamiento de Puerto Lumbreras en relación con el teatro auditorio de dicho municipio».

El profesor González-Varas afirma en sus informes que «el concurso de proyectos fue realizado y adjudicado correcta y legalmente, que el contrato de obras se adjudico de forma legal y que en la ejecución del mismo se ha invertido el total de la subvención, que se realizó un modificado legalmente rebajando la obra a realizar y que las certificaciones de obra se han realizado de forma ortodoxa y sin ningún tipo de duplicidad como se ha sostenido por el Ministerio Público», según fuentes del entorno del presidente regional.

González-Varas resume que «estaríamos ante un típico caso en que el presupuesto inicial se quedó corto, con lo cual, en vez de aumentar el precio del contrato, se optó por rebajarla obra manteniendo el precio del mismo, fijando como precio final, pese a los modificados u obras complementarias que fue necesario realizar, el importe de la ayuda». Niega que se haya hecho menos obra «ya que las cifras de referencia, para examinar las obras realmente ejecutadas, son las del modificado y no las del proyecto original».Considera el catedrático que «no puede sostenerse en modo alguno la existencia de posibles indicios de ilícitos penales, no existiendo, en todo caso, más que posibles errores ordinarios y secundarios o cuestiones interpretativas».

En base a estos informes, la juez instructora del caso Auditorio debe decidir si envía una exposición razonada al TSJ de la Región pidiendo la imputación del presidente de la Comunidad o si, por el contrario, archiva las actuaciones en lo que respecta a Pedro Antonio Sánchez.

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