Aeromur tendrá que pagar los 182 millones de euros que le reclama la Comunidad Autónoma antes del 5 de noviembre, si quiere evitar el embargo. Tras los fallos del Tribunal Superior de Justicia que le han dado la razón al Gobierno y obligan a la sociedad liderada por Sacyr a abonar a la Administración regional el dinero del aval ejecutado en diciembre de 2013, la consejería de Hacienda tiene que poner en marcha la maquinaria de recaudación para exigir el reintegro del crédito, que vence a finales de año, aunque parte del dinero se ha amortizado ya créditos del FLA. No obstante, la sociedad que ha construido el aeropuerto de Corvera podrá pedir a la Comunidad un fraccionamiento de la cantidad reclamada para abonarla a plazos, siempre que presente las garantías necesarias. En caso contrario, Hacienda tendrá que intentar cobrar en vía de apremio, tratando de localizar los bienes que pueda encontrar para ejecutar la deuda.

En la práctica, la Comunidad tampoco lo va a tener fácil ahora, dado que la sociedad creada por Sacyr y varias empresas y entidades financieras de la Región carece de patrimonio propio y siempre ha mantenido que su única posesión era la concesión del aeropuerto de Corvera, que el Gobierno regional le quitó en septiembre de 2013, aunque la rescisión definitiva se produjo a finales de 2014.

El Gobierno regional anunció el pasado domingo que ya ha notificado a Aeromur la reclamación de los 182 millones asumidos por la Comunidad Autónoma cuando la compañía adjudicataria se desentendió del crédito concedido por un sindicato bancario encabezado por la La Caixa. El Ejecutivo había avalado el préstamo en 2010, cuando la constructora Sacyr no encontraba ningún banco dispuesto a prestarle el dinero para terminar el aeropuerto.

Para poder exigir la devolución del dinero la Comunidad ha tenido que pleitear durante tres años contra Aeromur, que trataba de eludir el pago del crédito aduciendo que el Gobierno tiene el aeropuerto y pretende cobrar también el dinero invertido en su construcción.

Aunque la antigua concesionaria y la consejería de Fomento deben hacer cuentas antes de resolver el contrato del año 2007 para ver qué cantidad ha puesto cada una y decidir quién paga los gastos que han originado los años de litigio, el Gobierno regional considera que la Administración está obligada a poner en marcha la maquinaria de recaudación, independientemente de la negociación que pueda establecerse para liquidar la concesión. En esta liquidación tendrán que incluirse los intereses, que ascendían a unos 24 millones, aunque la cantidad se ha rebajado al amortizar parte de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

El TSJ ha resuelto esta discrepancia entre ambas partes y ha dado la razón a la Comunidad Autónoma, que se ampara en un auto de la Sala de lo Contencioso del 25 de julio en el que obligaba a la exconcesionaria a reembolsar el aval a las arcas regionales.

Sin embargo, Aeromur no tiene que abonar el dinero de forma inmediata, sino que puede negociar un fraccionamiento de la deuda para establecer un calendario de pago pactado con la Administración regional, siempre que aporte garantías, a lo que se ha negado sistemáticamente desde que fue ejecutado el aval en diciembre de 2013. La consejería de Hacienda le reclamó la devolución de la deuda por primera ver en enero de 2014 y también entonces le ofreció la posibilidad de presentar avales bancarios o garantías suficientes para aplazarle el pago.