El delegado del Gobierno en Murcia, Antonio Sánchez-Solís, manifestó hoy su deseo de que «las cárceles españolas se conviertan en escuelas de vida donde enseñar a las personas a convivir en libertad».

Sánchez-Solís hizo estas declaraciones en el Museo Arqueológico de Murcia, que era escenario esta mañana del acto de Nuestra Señora de La Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, festividad que se conmemora mañana, sábado, pero cuya celebración oficial se adelantó un día.

En el acto se distinguió la labor y entrega de funcionarios con 25 años de servicio y se entregaron varias medallas de bronce al mérito penitenciario.

En su discurso a modo de broche de oro, el delegado dijo que el de los funcionarios de prisiones es «un trabajo hecho desde la integración y la solidaridad». Antes, en declaraciones a los medios, tachó esta labor de «excelente» y admitió que requiere grandes cantidades de «entrega y sacrificio».

Sánchez-Solís recordó que en los tres centros de internamiento de reclusos de la Región trabajan «nás de 700 empleados públicos para más de mil reclusos». Hizo hincapié en que estos profesionales «trabajan con personas que están privadas de libertad» y su labor «tiene por objeto la reinserción» en sociedad.

En este sentido, resaltó que, por ejemplo, en Campos del Río, hay «talleres de empleo con empresas privadas para procurar la contratación de penados».

En Sangonera, «programas de educación para procurar la convivencia con el resto de reclusos y su reingreso en la sociedad», subrayó el delegado.

Del Centro de Inserción Social Guillermo Miranda, Sánchez-Solís valoró su «servicio de acompañamiento laboral». «Es el único que ha alcanzado cien por cien los objetivos que marcó la UE. Por sus elevados niveles cumplimiento, el centro consiguió el año pasado la Carta de Calidad», aseveró.

El delegado también tuvo palabras para la labor de «decenas de voluntarios que diariamente acuden a los centros para llevar a cabo una función social tan importante. Su trabajo es impagable».

Preguntado por si considera suficiente la infraestructura penitenciaria que hay actualmente en la Región, Sánchez-Solís dijo que sí y argumentó que en la cárcel de Sangonera, por ejemplo, «la capacidad es de más de 500 y la población reclusa son 400».

Durante el acto también tomó la palabra el funcionario Manuel Llamas, que dijo de él y sus colegas que en sus empleos «somos los responsables de hacer cumplir la ley y sancionar a quien no la cumple». El fin, que el recluso «una vez cumplida su estancia en prisión pueda vivir en libertad, respetando la ley».

«Los españoles deberíamos felicitarnos por la profesionalidad de nuestra función pública», consideró.

Llamas señaló que su labor consiste en «ayudar a otros seres humanos a recomponer sus vidas», una labor «tan apasionante como agotadora». «Cada éxito tiene un valor incalculable», espetó.

"No hay autobuses para ir a la prisión"

  • Voluntarios que suelen acudir a las cárceles de la Región a prestar su apoyo a los internos aprovecharon el acto en el Arqueológico para recordar que aún no hay servicio público de autobuses para subir a la prisión de Campos del Río, pese a que el centro se hizo en 2011.
  • Explicaron que esto no supone sólo un problema para ellos, sino para los internos -cuando salen de permiso- y para los familiares de estos que han de desplazarse a visitarlos. En demasiadas ocasiones se trata de personas con escasos recursos económicos, para las que es un lujo coger un taxi.
  • Las asociaciones Beto, Paréntesis, CEPAIM, Solidarios, Proyecto Hombre, Cáritas, Fundación Diagrama, Oblatas y Capellanía Católica han firmado un escrito en el que pide a Comunidad y ayuntamientos de la zona «que se tomen en serio este problema», porque «es de justicia atender estas necesidades».