Caso Púnica

"Nunca hubo contrato, ni se pagó factura, ni se pidió presupuesto"

El presidente insiste en que confía en la Justicia tras la imputación de su asesor en el caso Púnica

23.09.2016 | 04:00
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

El presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, expresó ayer su deseo de que la instrucción del caso Púnica concluya pronto y se pruebe su inocencia: «Confiamos en que la Justicia trabaje, avance en esa investigación y lo aclare cuanto antes».

Sánchez recordó ayer en Palma de Mallorca que ya aportó al juez que investiga la presunta trama de corrupción «certificados oficiales que aclaraban absolutamente» su falta de relación con la trama. «Nunca se hizo ningún contrato, ni se pagó una factura, ni se pidió un presupuesto», recalcó.

Respeto las peticiones de responsabilidades de la oposición, Sánchez recordó que hace una semana ya abordó el asunto en la Asamblea (donde acusó a Podemos de llevar «basura» al Parlamento por preguntarle por esta cuestión) y agregó: «Recomiendo a todo el mundo que deje trabajar a la Justicia y confíe en ella. Al menos es lo que hago yo».

Sánchez reacciona así tras conocer la decisión del juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Púnica, Eloy Velasco, de citar a declarar como investigados a cinco personas, entre las que se encuentra David Conesa, uno de los asesores de confianza de Sánchez cuando era consejero de Educación y ahora en presidencia. Conesa declarará el 4 de octubre acusado de fraude por el presunto amaño en la adjudicación de contratos de la consejeria de Educación y por malversación por haber permitido, presuntamente, que se emplearan fondos públicos para pagar trabajos de mejora de la reputación en internet de actual presidente regional. Además, el juez le señala también por un presunto delito de revelación de información reservada porque «filtró a personas no funcionarias información y documentación interna propia y precontractual que no podía revelar». Para el mismo día también están también citados dos asesores de Pilar Barreiro cuando era alcaldesa de Cartagena (Francisco Ferreño y María del Mar Conesa), acusados también de firmar contratos para mejorar la reputación de la actual senadora del PP y pagarlos con dinero público, así como el exalcalde popular de Molina Eduardo Contreras y su jefa de gabinete, Marta García Rivas.

En lo que respecta a Eduardo Contreras, que dejó la alcaldía de Molina la pasada primavera tras ser imputado por el Juzgado de Molina por el caso de la Escombreras, el juez Velasco explica en su auto que el exalcalde permitió que se usara dinero público para que las empresas de De Pedro hicieran trabajos de reputación digital «de carácter personal, alegados del interés común».

De esta manera, sostiene el juez que la consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación de Murcia adjudicó a De Pedro contratos «redundantes e innecesarios y por encima del precio de mercado», cuyo dinero se empleó en realidad en mejorar la imagen personal de Eduardo Contreras en Internet, con la colaboración de la que era su jefa de gabinete.

Además, en otra providencia, el magistrado Velasco ha citado a declarar a otras cuatro personas para un día después, el 5 de octubre: Adrián de Pedro, hermano del 'conseguidor' de Púnica; Esther Gutiérrez, que fue secretaria particular del exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso; Francisco Javier Bueno, exdirector de una de las empresa de la trama.

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