Medio ambiente

Cartagena se queda fuera de la primera causa judicialpor vertidos al Mar Menor

La jueza de instrucción nº 2 de la ciudad portuaria desestima su petición de participar como acusación particular en la investigación en marcha

28.09.2016 | 23:08

«No ha lugar». Con estas tres simples palabras la titular del juzgado de instrucción número 2 de Cartagena, María Pascual, ha dejado fuera al ayuntamiento de Cartagena de la causa abierta en su juzgado tras la primera denuncia por vertidos al Mar Menor presentada por el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, José Luis Díaz Manzanera.

El consistorio de la ciudad portuaria se quería personar como acusación particular –figura que se refiere a quien sufre directamente un perjuicio en la causa–, pero la jueza lo ha desestimado.

La magistrada explica que, dada la línea argumental de la denuncia elaborada por la Fiscalía, «al menos en este momento procesal», podría darse el contrasentido de que el Ayuntamiento fuera a la vez parte perjudicada y, de las investigaciones, «pudiera derivarse para el mismo algún tipo de responsabilidad, penal y/ o civil».

El Ayuntamiento puede recurrir la resolución judicial.

El juzgado número 2 de Cartagena admitió a trámite la denuncia del fiscal Díaz Manzanera el pasado mes de julio, como ya publicó este diario.

En su escrito, el Ministerio Público apuntaba a más de una docena de personas y empresas por ser propietarias de fincas de cultivos intensivos agrícolas en la zona del Arco Sur del Mar Menor, en las que se podrían haber cometido, según la calificación fiscal, cuatro delitos.
Las infracciones apuntadas por el fiscal son: Delito contra la ordenación del territorio del artículo 319 del Código Penal, que castiga la construcción no autorizable en suelo no urbanizable; delito contra el medio ambiente, «previsto y penado» en el artículo 325 del mismo Código, que dispone y castiga vertidos en las aguas que perjudican gravemente el equilibrio de los sistemas naturales; un delito contra el Patrimonio Histórico, recogido en los artículos 323-324, en los que se castiga los daños a yacimientos arqueológicos y que se sancionan «si se producen por imprudencia grave»; y un delito de usurpación de aguas, artículo 247, que sanciona «al que distrajese aguas de uso público o privativo de su curso, o de su embalse natural o artificial».

En la causa abierta en Cartagena la Asociación de Vecinos de Cartagena y su Comarca ha solicitado su personación como acusación popular.
En la actualidad el fiscal de Medio Ambiente está ultimando la segunda denuncia por un presunto delito medioambiental por los vertidos al Mar Menor procedentes de la rambla del Albujón.

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