La Comunidad no esperará a liquidar cuentas con la anterior concesionaria del Aeropuerto de Corvera, Aeromur, para sacar a concurso el nuevo contrato. La consejería de Fomento está ultimando los pliegos de condiciones y asegura que su intención es convocarlo «lo antes posible», pero no da plazos, lo que acrecienta la incertidumbre, ante las dilaciones que se están produciendo desde que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) le entregó las llaves, después de tres años de litigios con la anterior concesionaria. En contra de lo que ocurrió en Castellón, donde la Generalitat esperó hasta tener una sentencia que establecía el reparto de la inversión entre el Gobierno valenciano y la concesionaria del aeropuerto que perdió el contrato, Murcia sostiene que seguirá adelante con o sin acuerdo. Por su parte, Aeromur está a la espera de la propuesta de la Comunidad.

El consejero de Fomento, Pedro Rivera, no da fechas y ni siquiera precisa si cree posible publicar el nuevo concurso en el BOE antes de que acabe el año o habrá que esperar hasta 2017, a pesar de la insistencia de la patronal.

El presidente de la CROEM, José María Albarracín, anunció a principios de mes, tras entrevistarse con el jefe del Ejecutivo regional, Pedro Antonio Sánchez, que hay un grupo de empresarios murcianos dispuestos a pujar por el contrato de Corvera. Aunque Albarracín no desveló quiénes son, se da por hecho que entre ellos estarían algunos de los socios murcianos de Aeromur, el consorcio liderado por Sacyr que en 2007 consiguió la concesión para construir y gestionar el aeropuerto.

Sin embargo, alguno de los empresarios que forman parte de Aeromur consideran que les resultaría difícil entrar a formar parte de una nueva empresa concesionaria mientras que no liquiden cuentas con la Comunidad y se dé por terminada su relación con el Ejecutivo regional. Su impresión es que no pueden «meterse en un charco sin haber salido previamente del otro», en el que estarán atrapados hasta que se resuelva la liquidación mediante un acuerdo amistoso o una sentencia.

El aeropuerto de Castellón, que también rescindió el contrato a la primera concesionaria y pasó por una situación parecida a la de Corvera, no llegó a sacar a concurso la nueva concesión hasta que los tribunales resolvieron la liquidación de cuentas y quedó definitivamente terminada la relación entre la Administración valenciana y la adjudicataria.

A pesar de este precedente, la consejería de Fomento asegura que Murcia no tiene por qué esperar a que esté resuelta la liquidación, que puso en marcha el pasado mes de julio. La empresa que realizó el inventario de Corvera en 2015 valoró las instalaciones y el equipamiento del aeropuerto en 171 millones, aunque la antigua concesionaria asegura que se ha gastado más de 250 millones, incluyendo los vuelos de calibración contratados para verificar el funcionamiento de los sistemas de comunicación y de los equipos técnicos, las nóminas del personal contratado para poner en marcha el aeropuerto y las certificaciones obtenidas para abrir, que la nueva concesionaria tendrá que volver a tramitar. A esta cantidad habrá que sumarle los gastos de mantenimiento desde octubre de 2013, cuando el TSJ le encomendó a Aeromur la custodia del aeropuerto, hasta abril de este año, cuando falló a favor de que la sociedad entregara las llaves a la Comunidad.

Por su parte, el Gobierno tendrá que reclamarle a Aeromur los 182 millones del préstamo que tuvo que asumir en diciembre de 2013 y los intereses generados desde entonces, que han sido financiados por las arcas regionales. La Administración regional también exigirá una compensación por las pérdidas que el retraso del aeropuerto ha ocasionado a la Región.

Aeromur terminó la obra en 2012, pero trató de conseguir una revisión del contrato para eludir las pérdidas que generaría Corvera en los primeros años con un crédito participativo de 160 millones. Tras un año de negociaciones, el Gobierno regional concluyó que no podía llegar a ningún acuerdo si la sociedad no le devolvía los 182 millones del aval ejecutado hace tres años. Los intereses del crédito suponían inicialmente una factura de 22.000 euros diarios, aunque el coste de éstos se ha abaratado al amortizar parte de los 182 millones con créditos de FLA, más baratos.