Hacienda

El Estado prepara el terreno para tumbar la ley antidesahucios regional de la oposición

Advierte de que varios artículos pueden ser inconstitucionales y urge a la Comunidad a constituir una comisión bilateral

14.09.2016 | 23:06
El Estado prepara el terreno para tumbar la ley antidesahucios regional de la oposición
El Estado prepara el terreno para tumbar la ley antidesahucios regional de la oposición

El ministerio de Hacienda y Administración Pública ha advertido al Gobierno regional de la posible inconstitucionalidad de la gran mayoría de artículos de la nueva Ley de Vivienda de la Región de Murcia, que aprobaron el pasado mes de mayo PSOE, Podemos y Ciudadanos, que suman entre los tres la mayoría absoluta en la Asamblea Regional.

El Ministerio, a través de la dirección general de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, remitió a finales de julio una comunicación a la consejería de Presidencia instándole a crear cuanto antes una comisión bilateral entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma para tratar la posible inconstitucionalidad, sobre todo, de aspectos de los dos artículos y la disposición transitoria única que la oposición, que trabajó en este tema codo con codo con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) incorporó al articulado de la Ley de Vivienda ya existente, que había aprobado el Partido Popular en solitario en 2015, cuando todavía gozaba de la mayoría absoluta en la Asamblea.

La pega que pone el Estado es que la nueva norma puede invadir sus competencias. En el Gobierno regional están convencidos de que la comisión bilateral confirmará la inconstitucionalidad de algunos de los artículos introducidos por PSOE, Podemos y Ciudadanos, ya que entienden que estos artículos fueron copiados de las normativas de Andalucía y Cataluña, que ya echó para atrás el Tribunal Constitucional.

Según fuentes del PP regional, entre los aspectos de la ley regional que el Estado considera que pueden invadir sus competencias está el hecho de establecer una mediación extrajudicial previa a la vía judicial en los casos de impago de la hipoteca, que es lo que lleva a un desahucio. El Estado entiende que las comunidades autónomas no tienen competencias para regular esto.

Otro apartado de la modificación de la ley que el Estado pone en tela de juicio es el que obliga al adquirente de una vivienda por ejecución de un préstamo hipotecario o dación en pago a ofrecer una vivienda en alquiler social a la persona que ha perdido la casa. Entiende el ministerio de Hacienda que es inconstitucional que se atente al derecho de propiedad de una vivienda y que deben ser los poderes públicos, y no los particulares, quienes promuevan y garanticen el acceso a la vivienda, según fuentes del Ejecutivo.

También tiene sus reticencias el Gobierno central sobre el artículo que establece la obligación de garantizar los suministros de agua, gas y electricidad, para que no haya familias que se queden sin estos servicios por no poder pagarlos. Según el PP, tal y como está redactada la Ley, esto puede beneficiar a gente que no está en situación de exclusión social. «Una interpretación extensiva, nos llevaría a extender las medidas a toda la población», apuntan desde el PP, que presentó una enmienda a la totalidad en la Asamblea Regional contra la modificación de la normativa, que fue muy celebrada por los colectivos antidesahucios.

En el Ejecutivo dan por seguro que la ley promovida por PSOE y Podemos está abocada a la inconstitucionalidad, pues aseguran que se trata de una reproducción en los artículos añadidos de los artículos 1 a 7 de la Ley 24/15 de Cataluña, suspendida por la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. Recuerdan también que, en su momento, los servicios jurídicos de la Asamblea advertían de que algunos artículos de la modificación legal podrían invadir competencias del Estado. «PSOE y Podemos han promovido una modificación que es un canto al sol, que no resuelve los problemas reales de las personas necesitadas de vivienda y suministros esenciales, lo que demuestra la irresponsabilidad y la teatralidad de una oposición que no atiende a la legalidad», critican fuentes populares.

También garantizan que, aunque el Estado tumbe la ley antidesahucios, no dejarán tirados a los ciudadanos que tienen estos problemas, pues hay mecanismos para ayudarles como del Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria, convenios firmados con instituciones como el TSJ, pendiente de ser renovado.

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