El Impuesto de Patrimonio ha sido siempre uno de los más polémicos e incluso dejó de aplicarse, pero fue recuperado por el Gobierno al llegar la crisis, ante la necesidad de incrementar la recaudación, cuando sus ingresos se desplomaron y el déficit se desbocó. Desde su restauración Murcia ha aplicado el mínimo exento fijado por el ministerio de Hacienda, que está situado en los 700.000 euros. Esto supone que los contribuyentes con un patrimonio inferior a esta cantidad no tienen que pagar este tributo.
La Comunidad Valenciana ha bajado el mínimo a 600.000 euros y Cataluña, a 500.000, mientras que Aragón lo tiene en 400.000. También existe una serie de exenciones aplicables a personas que superan este mínimo, lo que hace que el número total de declarantes obligados a pagar sea inferior. Según explicó el director general de la Agencia Tributaria de la Comunidad Autónoma, Isaac Sanz, el número de contribuyentes obligados a pagar el impuesto se situaba en el año 2014 en 3.873, aunque hay 4.200 ricos. En la Región la consejería de Hacienda recauda unos 22 millones con este tributo, lo que supone una media de 5.682 euros por contribuyente.
Otras comunidades en mejores condiciones financieras, como Madrid, han dejado de cobrarlo, de forma que nadie paga el Impuesto de Patrimonio. Según los cálculos de la organización de técnicos de Hacienda (Gestha), la exención del cien por cien que aplica Madrid a los contribuyentes ricos en Madrid supone un ahorro de 456 millones para «la mitad de los 6.341 contribuyentes españoles más ricos». Gestha considera que este trato supone una discriminación para las demás comunidades.
Los detractores del Impuesto de Patrimonio sostienen que su mantenimiento implica una doble tributación, dado que la riqueza que grava ya ha sido declarada en el IRPF, aunque Isaac Sanz precisó que se trata de figuras distintas. «Con la renta se pagan los intereses que genera el dinero, pero en Patrimonio se tributa por el capital».
