El Consejo Jurídico ha devuelto al Gobierno el expediente de Puerto Mayor para que aporte más documentos sobre el largo periplo judicial que ha seguido el proyecto de la dársena deportiva en el mar Mediterráneo, que fue paralizado por orden judicial en 2005, incluidas la concesión del año 1975 y las sentencias dictadas desde que se entabló el largo pleito. El Ejecutivo necesita el dictamen de este órgano consultivo para resolver si da por prescrita la concesión otorgada por la Administración franquista al fallecido Tomás Maestre en 1975 o si todavía es posible renovarla, lo que permitiría acabar las obras paralizadas hace más de una década.
La propuesta fue remitida por la consejería de Fomento a finales del mes de julio y ha sido estudiada por los miembros del Consejo Jurídico en agosto, a pesar de tratarse de un mes inhábil en la mayor parte de las instituciones oficiales. El pasado 30 de agosto el pleno del Consejo acordó devolver a la Comunidad el expediente para que aporte documentos que precisa conocer antes de pronunciarse, como la concesión otorgada el 4 de julio de 1975, a la que se acogió la empresa de Tomás Maestre para iniciar las obras en 2004. También reclama un informe de los Servicios Jurídicos que concrete la propuesta sometida a consulta, apuntando que sería necesario abrir un plazo de exposición para que pueda alegar la concesionaria.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 2010 obligó a la Comunidad a anular todas las actuaciones relativas a Puerto Mayor que ha adoptado con posterioridad a diciembre de 1988, cuando fue renovada por última vez la polémica concesión, para decidir si da por buena aquella renovación o considera que ha caducado.
