Los médicos han decidido cerrar filas en torno a los compañeros que deben devolver dinero al SMS. El Sindicato Médico de la Región de Murcia (CESM ) mostró ayer su total respaldo a los 233 facultativos a los que la consejería de Sanidad reclama el reintegro de unos pagos indebidos que ascienden a 446.000 euros, y que corresponden a las nóminas del año 2012.

Estas anomalías fueron detectados por la Intervención Delegada de la Comunidad al auditar la gestión del Servicio Murciano de Salud (SMS).

El sindicato médico, en un comunicado, subrayó que estas retribuciones «se corresponden a trabajos que han sido realizados por los médicos y, por lo tanto, los afectados no tienen la obligación de devolverlo».

El CESM aseguró que la responsabilidad última de esta situación es del organismo que autorizó esos pagos, en este caso el Servicio Murciano de Salud, «que es el que tendrá que responder».

Por último, el sindicato recomendó a los afectados «que se asesoren jurídicamente y que emprendan las acciones legales oportunas en contra del reintegro exigido».

Pero éste no es el único sindicato que apoya a los facultativos, ya que tanto desde CC OO como desde el SPS se insiste en que son trabajos hechos y justificados.

Alegaciones del SMS

Los pagos a devolver afectan a profesionales de todas las áreas de salud de la Región, a excepción del área de la Vega Alta, indicaron fuentes de la Consejería, que apuntaron que desde el departamento que dirige Encarna Guillén ya se había presentado alegaciones contra la decisión de la Intervención, explicando que eran trabajos realizados y que estaban debidamente justificados.

Éstas fueron rechazadas, sin embargo, por el departamento de Hacienda, que sigue considerando que ese dinero debe ser reintegrado a las arcas públicas.

«Es una situación administrativa compleja, y desde el SMS se colaborará con los trabajadores que decidan llevar su caso ante la Justicia», apuntaron las mismas fuentes. Debido a la disparidad de opiniones entre la Intervención y el SMS, en Sanidad se tiene claro que serán los juzgados los que determinen «quién tiene razón y si se debe devolver el dinero o no».