La Fiscalía de la Región de Murcia está desbordada por los delitos de índole económica, especialmente aquellos que suponen un fraude para la Seguridad Social. Así se desprende de la Memoria de la Fiscalía General del Estado, presentada ayer por la fiscal general, Consuelo Madrigal, con motivo de la apertura del año judicial. En el documento, que se puede descargar en la página web www.fiscal.es, Madrigal revela que «el fiscal de Murcia, al tiempo que se queja de lo limitado de los recursos con los que cuenta para desarrollar la labor encomendada, indica el 'notable incremento de asuntos' debido a la incoación de varios procedimientos por delitos incardinables en el artículo 207 ter del Código Penal», según consta en la Memoria, en el apartado dedicado a los delitos económicos.

El artículo al que se refiere fue introducido en el Código Penal en 2012, en los años más duros de la crisis, con el objetivo de combatir el fraude en la obtención de prestaciones de la Seguridad Social, que hasta entonces se saldaba con sanciones administrativas. Ahora se castigan con la pena de seis meses a tres años de prisión, aunque el citado artículo establece también que «quedará exento de responsabilidad criminal el que reintegre una cantidad equivalente al valor de la prestación recibida incrementada en un interés anual equivalente al interés legal del dinero aumentado en dos puntos porcentuales».

La queja de la Fiscalía de Murcia figura en un apartado de la Memoria dedicado a las aportaciones realizadas por cada fiscalía territorial en el ámbito de los delitos económicos. No incluye ninguna estadística sobre el número de diligencias abiertas en la Región en este apartado, pues la Memoria 2016 de la Fiscalía de la Comunidad todavía no se ha presentado. En 2014, solo hubo dos diligencias de investigación incoadas por delito contra la Seguridad Social, con presentación de denuncia en una de ellas, según la Memoria 2015 de la Fiscalía de Murcia.

También en la Memoria 2015, el fiscal superior de la Comunidad, Manuel López Bernal, destacaba que el cambio del Código Penal para combatir estos delitos de 'fraude de prestaciones' podría resultar «de muy difícil aplicación en la práctica». «No puede perderse de vista -escribía López Bernal el pasado año- la muy diferente posición de quien dirige redes de empresas ficticias, de quien actúa como mero testaferro o de quien simplemente, en un escenario como el presente de elevadísimas tasas de paro, acude a otras personas que gestionan este tipo de fraude para, pagando dinero por ello, poder completar los requisitos para acceder a prestaciones o subsidios de desempleo». El fiscal de Murcia añadía que «no parece aconsejable cargar aún más sobre los órganos de la jurisdicción penal fraudes de escasa entidad cuya sanción puede conseguirse con mayor eficacia a través de la Administración».