La acusación popular en la causa abierta por la Audiencia Nacional para investigar la quiebra de la CAM, representada por el abogado Diego de Ramón, ha solicitado la Juzgado Central de Instrucción que investigue el crédito de 800 millones que concedió la caja a la empresa Hansa Urbana para construir las urbanizaciones Novo Carthago en el Mar Menor y Cabo Cortés en México, la última de las cuales fue anulada por problemas medioambientales. Novo Carthago ha seguido adelante, aunque la recalificación de terrenos protegidos ha dado lugar a una investigación judicial en la que hay una veintena de imputados.
Ante los paralelismos existentes entre ambos proyectos, el letrado murciano también solicita en su escrito que abra una pieza separada para seguir el rastro del dinero, que no llegó a devolverse, y que investigue la relación entre el expresidente de la Comunidad Autónoma Ramón Luis Valcárcel, que en la actualidad es vicepresidente del Parlamento Europeo, y el empresario alicantino Rafael Galea, presidente de Hansa Urbana.
De Ramón también pide al Juzgado que verifique si la CAM exigió a la empresa beneficiaria del crédito de 800 millones de euros «las garantías complementarias, accesorias, mercantiles o personales» necesarias y sostiene que el consejo de administración que aprobó la concesión del préstamo a Hansa Urbana lo componían personas designadas en función de «los colores políticos de los dirigentes, en este caso del expresidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, y que eran decisivos para la concesión del crédito dado».
En su escrito, el representante de la acusación popular también pide a la Audiencia Nacional que investigue el destino de 300 millones de dólares del crédito que se destinaron a la compra de la compañía «Corporación Inmobiliaria Mexicana, propietaria de la urbanización Cabo Cortés».
Diego de Ramón sostiene que la compra de los terrenos para la construcción del resort que iba a contar con varios miles de viviendas y varios hoteles y campos de golf en el Mar Menor se pagó con un crédito concedido por la CAM a Hansa Urbana, que recibió 800 millones de euros de la caja desaparecida.
La acusación popular quiere que el juez siga la pista de los 300 millones de dólares que iban a financiar la urbanización Cabo Cortés en México y que determine cuánto dinero pudo destinarse a Novo Carthago.
Pide al Juzgado que averigüe si «el dinero salió de España, de la sucursal de Miami o de algún paraíso fiscal» y si se transfirió «en metálico, mediante transferencia a través de otros procedimientos financieros». También quiere saber «si tenía conocimiento de la operación el Servicio de Blanqueo de Capitales de España». Para seguir «la trazabilidad» de los 300 millones de dólares, propone solicitar apoyo de las autoridades de México y de EE UU en la investigación judicial.
La acusación popular también quiere saber quiénes «componían el consejo de administración que concedió dicho préstamo económico por parte de la CAM a Hansa Urbana y qué vinculaciones políticas tenían por su designación política» para conocer si había una posible conexión con el partido que preside Valcárcel.
Diego de Ramón también pide al Juzgado que determine la composición de la sociedad Corporación Inmobiliaria Mexicana, propietaria de la urbanización Cabo Cortés para saber quiénes fueron «los receptores del dinero, los contactos e intermediarios que surgieron para encontrar al comprador (Hansa Urbana)» y «a dónde fue a parar el dinero obtenido por la parte vendedora».
