Cuatro balas y sin decir una palabra. De madrugada, allá por marzo de 2009, un hombre entraba en el Centro de Salud de Moratalla y tiroteaba hasta la muerte a una doctora. Esa doctora se llamaba María Eugenia Moreno y tenía solamente 34 años de edad. Juan Miguel Moya López, un conductor de ambulancia que estaba en la puerta del centro, oyó los tiros y entró corriendo para ver qué había pasado. Al ver al pistolero, se abalanzó sobre él para intentar quitarle el arma, y lo que consiguió fue que le pegase un tiro a él.

Han pasado siete años de un fatal suceso que pervive en la memoria del pueblo. Y en la conciencia colectiva de la gran familia sanitaria de la Región de Murcia. «No más agresiones», se podía leer en los carteles que compañeros de la doctora Moreno portaron en la concentración que tuvo lugar en la puerta de la consejería de Sanidad, tanto para mostrar la repulsa por el crimen como para denunciar algo por lo que ya llevaban años clamando: las agresiones de las que son víctimas médicos, enfermeros y otros profesionales de la sanidad por parte de pacientes.

Volviendo al caso en concreto, aquel pistolero del centro de salud se llamaba Pedro Navarro, y pasaba ya los 70 años de edad. Cuando fue detenido por la Guardia Civil, alegó que los médicos le habían «tratado mal». No obstante, dijo que estaba arrepentido.

El juez de Caravaca de la Cruz mandó a Navarro a prisión provisional hasta que saliese su juicio. Mientras, comenzaban a trascender datos sobre este hombre. Se trataba de un taxista jubilado que prácticamente había trabajado durante toda su vida en Barcelona.

Precisamente fue en su taxi, en la ciudad condal, donde hacía dos décadas que se había topado con el revolver -un Astra del calibre 42- que aquella madrugada le vieron empuñar en Moratalla. Seguramente se lo dejó olvidado algún cliente.

Pero Pedro no dio parte de que había hallado un arma de fuego en su taxi: se decidió quedársela como medida de protección. El oficio de taxista no era precisamente fácil, alegó, y nadie sabe quién se puede subir al coche. Aun después de jubilarse, el hombre siguió llevando la pistola consigo.

En 2011, Pedro Navarro fallecía en Murcia sin llegar a ser juzgado. Lo hacía en un módulo de acceso restringido del Virgen de la Arrixaca, donde había sido llevado desde la cárcel de Sangonera. Cuando murió -a los 75 años y por causas naturales-, el anciano estaba a la espera de juicio por dos delitos de asesinato, uno de ellos en grado de tentativa.

En noviembre de 2009, ocho meses después del suceso, el ayuntamiento de Moratalla nombraba Hija Adoptiva a María Eugenia Moreno. En su honor se descubría un monolito, emplazado en el parque que desde entonces lleva el nombre de la doctora.

En febrero de este año, la familia de la médico residente anunció que llevaría a juicio al Servicio Murciano de Salud (SMS) y reclamaría una indemnización que asciende a 1.264,451 euros, a repartir entre el viudo, el hijo de la pareja y la madre de la víctima.