La concesionaria de Puerto Mayor ha vuelto a meter las máquinas en la obra, que está paralizada desde hace diez años por orden judicial. La consejería de Fomento informó ayer de que ha abierto expediente sancionador a la empresa por realizar trabajos no autorizados dentro del recinto vallado desde 2004 y le ha requerido su paralización. Fuentes del departamento de Pedro Rivera explicaron que los técnicos visitaron las obras la pasada semana para comprobar si la compañía creada por el fallecido Tomás Maestre había retomado los trabajos de construcción de la dársena o estaba realizando «estudios o pequeñas actuaciones» en las estacas metálicas clavadas en el fondo del mar que llevan más de una década deteriorándose a la intemperie.

Pese a las instrucciones de la Consejería, las máquinas continuaban trabajando ayer en el interior del recinto, que ocupa una playa situada junto al canal de El Estacio. Fomento sostiene que los técnicos de la dirección general de Puertos volverán ahora a inspeccionar las obras para comprobar si se han incumplido sus requerimientos.

Puerto Mayor se encuentra situado en La Manga, junto al puente levadizo de El Estacio, que da paso a las embarcaciones entre el Mediterráneo y el Mar Menor.

La compañía promotora, que también construyó el puerto Tomás Maestre en el Mar Menor, obtuvo en 1975 la concesión para construir otra dársena en el Mediterráneo, frente a la isla Grosa. Sin embargo, esta obra no llegó a iniciarse, aunque la empresa renovó varias veces la concesión para que no caducara. En 1988 la dirección general de Puertos aprobó una renovación, pero exigió que el nuevo puerto se destinara a albergar casi un millar de embarcaciones de gran eslora para evitar que entraran al Mar Menor. La decisión de Puertos fue rechazada por el Consejo de Gobierno que presidía el socialista Carlos Collado y a partir de entonces se inició un largo contencioso aún sin concluir.

Amparándose en una autorización de la dirección general de Calidad Ambiental, la empresa inició la construcción del puerto en 2004, pero el ministerio de Medio Ambiente recurrió a los tribunales y la obra fue paralizada por carecer de autorización para invadir el Dominio Público Marítimo y construir viviendas en terrenos ganados al mar. En 2010 los jueces ordenaron a la Comunidad Autónoma que revisara de oficio la decisión adoptada por la dirección de Puertos en 1988 y anulara todas las actuaciones realizadas desde entonces para resolver si la concesión de Puerto Mayor ha caducado o sigue vigente.

Sin embargo, antes de que el Ejecutivo haya dado a conocer la resolución que le requirieron los jueces hace seis años, las máquinas han vuelto a trabajar en Puerto Mayor sin permiso de la Consejería, que ha optado por abrir un expediente sancionador a la concesionaria. La empresa ha retomado los trabajos en el momento en que la Comunidad debía acabar de deshojar la margarita y pronunciarse definitivamente sobre el destino de Puerto Mayor.

Por su parte, Anse ya había advertido de que la protección legal con la cuenta la isla Grosa haría casi imposible renovar la concesión.