Un millonario murciano con una fortuna valorada entre 4 y 15 millones de euros paga una cota media de 328.524 euros por el Impuesto de Patrimonio, mientras que los madrileños están exentos del mismo. Este es uno de los datos que contiene el estudio El impuesto sobre el Patrimonio, realizado por la Unión de Contribuyentes (UC) y la Fundación para el Avance de la Libertad. La patronal murciana Croem ha exigido al Ejecutivo regional que elimine este tributo, que considera injusto, aunque en la Región solo afecta a 4.000 personas, según declaró en una entrevista para LA OPINIÓN el consejero de Hacienda y Administración Pública, Andrés Carrillo.
Según este informe, los mayores contribuyentes por esta tasa transferida a las autonomías, cuando no superan los 800.000 euros, son los aragoneses (1.164 euros), los catalanes (770) y los valencianos (539). Los murcianos que tienen 800.000 euros, sin incluir la vivienda habitual, abonan por su parte una media de 240 euros, un 25% menos que la media española (321).
Con un patrimonio intermedio, es decir, de 800.000 euros a 4 millones, los más castigados son los extremeños, con 54.820 euros, los baleares (49.998) y los valencianos (47.646). En este intervalo, Murcia se sitúa por encima de la media nacional. Los murcianos que dispongan de este capital abonan 43.856 euros, por debajo de las comunidades autónomas anteriormente citadas pero por encima no solo de Madrid, que tiene eliminado este tributo, sino de otras comunidades uniprovinciales como La Rioja (18.273 euros) y Navarra (32.364 euros).
Finalmente, en el caso de los más ricos, es decir, aquellos cuyos patrimonios son superiores a los 15 millones, la primera posición corresponde a Baleares (375.791), seguida de la Comunidad Valenciana (344.626) y Galicia y Andalucía, ambas con 331.444. Murcia se encuentra en quinta posición, según el estudio realizado por la Unión de Contribuyentes (UC) y la Fundación para el Avance de la Libertad.
Un dato sintomático es el de la Comunidad de Madrid, que aplica una bonificación del 100% sobre esta tasa, motivo por el cual los residentes en esa zona están exentos de pagar este impuesto. Así, mientras autonomías como la valenciana, muy mal financiadas, tienen que recurrir a incrementar sus impuestos para compensar los menores ingresos per cápita y tratar de mantener los servicios públicos, Madrid aplica medidas fiscales mucho más laxas que, además, ejercen un efecto de atracción sobre patrimonios de otras zonas del país.
El informe de la Unión de Contribuyentes (UC) y la Fundación para el Avance de la Libertad recuerda que en España, con la asunción de competencias normativas por parte de las comunidades autónomas, se ha generado una mayor diversificación del tributo.
Así, mientras hay comunidades autónomas «que van por el camino de los países desarrollados, como Madrid, que mantiene la bonificación del 100% en la cuota, o La Rioja, con una bonificación del 50%, otras como Extremadura han subido el tipo máximo hasta el 3,75%, frente al 2,5% de la escala general».
También Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña, Galicia, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana han subido, según el estudio, la tarifa por encima de la media. Extremadura es la comunidad con el Impuesto sobre el Patrimonio más gravoso del mundo, según el documento.
El estudio compara la situación de cada autonomía con Francia, único país de la Unión Europea que aún mantiene, como España, este impuesto. En la Región de Murcia se paga un 71% más que en el país vecino en el tramo intermedio y un 90% más en el superior.
En Murcia, el mínimo exento es de 700.000 euros sin contar la vivienda habitual, mientras que otras comunidades como la Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña y Navarra lo han reducido. El tipo de gravamen está entre el 0,24 y el 3%, dentro de la media española
Por último, el informe concluye también que la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio generaría, a lo largo de los diez primeros años, un 5% de crecimiento adicional para la economía española y unos 181.000 puestos de trabajo. El documento indica que los «elevados» costes de gestión del impuesto y su «ínfima» contribución a las arcas estatales (apenas un 0,11 % del PIB) aconsejan su eliminación, sobre todo si se tiene en cuenta que genera «situaciones de doble imposición».
