Trece ayuntamientos de la Región aparecen en la lista de consistorios con obligaciones de pago no recogidas en los presupuestos municipales que ha dado a conocer el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas esta semana. En la relación figuran los datos de los consistorios con deudas pendientes de incluir en sus cuentas públicas al cierre de la liquidación de 2015 y en el primer trimestre de este año. El balance de estos meses arroja una sensible rebaja en el importe de las facturas pendientes de pago guardadas en los cajones, aunque también hay ayuntamientos que no solo no reducen su deuda extrapresupuestaria, sino que la han incrementado.

De los 21 municipios que figuraban en la lista al cierre de 2015 con pagos pendientes, en el primer trimestre de 2016 quedaban solo 13, lo que supone que algunos habrían puesto a cero el contador, aunque en muchos casos el listado de Hacienda no recoge la cantidad correspondiente a marzo de 2016. En esta situación se encuentra el ayuntamiento de Cartagena, que debía 530.747 euros al acabar 2015.

En el caso de Murcia no aparece ninguna de las dos cifras. También faltan los datos relativos a otros consistorios de la Región, entre los cuales están La Unión, Los Alcázares, Ricote, Mula, Moratalla, Mazarrón, Ceutí, Caravaca y Albueite.

La cuantía total de las deudas acumuladas por los ayuntamientos se ha reducido de casi 7,3 millones de diciembre pasado a cinco. Lorquí, con poco más de 7.000 habitantes, ha hecho el mayor esfuerzo, dado que en los tres primeros meses del año ha saldado facturas por importe de 470.267 euros y ha dejado el cajón vacío. San Javier ha bajado de 899.997 a 397.267 euros, pero es un municipio mucho mayor, con casi 32.000 habitantes.

También San Pedro ha saldado una deuda de 141.014 euros, mientras que Santomera ha eliminado 18.607.

El ayuntamiento que acumulaba la mayor deuda no recogida en los presupuestos al acabar 2015 era Torre Pacheco, que rozaba el millón de euros. Sin embargo, en marzo de 2016 había rebajado el importe de las facturas pendientes de pago a 711.330 euros.

Totana, que es uno de los ayuntamientos de la Región con más dificultades económicas, es el municipio que declara más obligaciones pendientes de pago al acabar el primer trimestre del año, con una deuda de 741.034 euros. Sin embargo, al acabar 2015 alcanzaba los 794.803 euros.

Por su parte, Librilla ha abonado 100.000 euros y ha reducido su deuda de 491.862 a 391.584 euros.

Por el contrario, hay varios ayuntamientos que, lejos de sacar facturas atrasadas del cajón, han incrementado las deudas pendientes. Entre ellos figuran Bullas, que ha subido sus obligaciones pendientes de pago de 163.085 a 545.875.

También Fortuna ha elevado su deuda de 95.152 a 303.898 euros, mientras que en el caso de Yecla el importe de los pagos pendientes ha subido de 73.245 a 505.320, el mayor repunte de todos.

Quince días para cerrar las empresas deficitarias

­Además de dar a conocer la deuda extrapresupuestaria de los consistorios, que el ministerio de Hacienda ha publicado esta semana en su página web, el ministro, Cristóbal Montoro, ha escrito a los alcaldes de los municipios que tienen empresas públicas deficitarias para recordarles que están incumpliendo la Ley de Racionalización y Sostenibilidad. En su misiva, Montoro da un plazo de quince días a los regidores para cerrar las empresas que lleven dos años registrando pérdidas y les recuerda que pueden incurrir en una responsabilidad «personal» si incumplen la ley de Transparencia y Buen Gobierno, por lo que el Ministerio se reserva la adopción de medidas legales contra ellos.

Ante las quejas que están provocando los escritos del ministro, dado que las empresas deficitarias que conmina a cerrar prestan servicios públicos que tendrían que desaparecer, fuentes del departamento de Cristóbal Montoro han precisado que la pretensión de Hacienda no es obligar a los ayuntamientos a prescindir de tales servicios.

Un portavoz oficial aclaró que el plazo de quince días para la disolución de la empresa que se establece en las cartas dirigidas a los regidores municipales quedará sin efecto simplemente con la presentación de alegaciones, al tiempo que expresó la disposición del Ministerio a estudiarlas caso por caso para no forzar a los ayuntamientos a prescindir de los servicios que consideren necesarios.

Hacienda no ha hecho pública la lista de alcaldes a los que ha exigido el cierre de las empresas públicas con pérdidas, sino que les está dirigiendo escritos de forma personalizada, por lo que aún se desconoce cuáles son los ayuntamientos que deben liquidar sociedades municipales.