Cuatro de cada diez contratos a tiempo parcial firmados en la Región de Murcia son fraudulentos. Así lo afirmó este jueves el delegado de la Inspección de Trabajo del ministerio de Empleo, Diego Martínez, durante el acto de presentación de los datos de siniestralidad laboral en la Comunidad Autónoma.

Los datos facilitados por Martínez responden a la última investigación llevada a cabo por la Inspección de Trabajo y que se ha centrado en el último semestre del año, siendo el mes de junio el último en ser analizado. De esta forma, el departamento vinculado al Gobierno central ha recogido un total de 8.175 contratos, en los que se han hallado fraudes de distintos tipos acordes a las diferentes modalidades de cada contrato.

Así, respecto a la campaña de contratación a tiempo parcial, donde se ha desvelado un 40% de contratos fraudulentos, ésta anomalía respondió a que los empleados trabajaban más horas de las pactadas en el documento laboral. Esto, según el delegado de la Inspección de Trabajo, se traduce en rebajas salariales para los trabajadores y en menores cotizaciones de las debidas a la Seguridad Social, saliendo como beneficiaria la empresa contratante.

Este incremento fraudulento de la jornada laboral se ha dado en 241 contratos de la Región, de un total de 619 documentos investigados, explicó Martínez. Fruto de las inspecciones realizadas por Trabajo a diversas empresas de la Región, ya se han abierto 254 expedientes sancionadores a las correspondientes compañías contratantes.

Asimismo, el delegado de Trabajo también destacó que uno de cada tres contratos para la formación y el aprendizaje no eran correctos acorde a lo establecido en la ley, de manera que «más de 4.600 contratos se han convertido en indefinidos por las actuaciones inspectoras», subrayó en el acto celebrado ayer.

En este sentido, Martínez alertó de que «la flexibilidad en la contratación no supone una carta abierta y los empresarios no deberían de acudir a medidas contractuales utilizándolas como fraude de ley o con abuso».

De este modo, el director de la Inspección de Trabajo advirtió que «no se puede hacer lo que se quiera con las medidas de flexibilización del mercado laboral».

Además, anunció que se llevarán a cabo sanciones a las empresas que hayan realizado contratos fraudulentos, ya sean temporales o para la formación y el aprendizaje.

Sanciones de hasta 6.000 euros

Las multas derivadas de este tipo de prácticas pueden llegar a oscilar entre los 626 y los 6.000 euros según los resultados de las diferentes investigaciones realizadas en los últimos seis meses, según Martínez.

Durante el acto, el consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo de la Región, Juan Hernández, no dudo en intervenir para anunciar que el próximo año se intensificarán las inspecciones realizadas a las empresas sobre los planes de movilidad.

El proyecto de incrementar estas inspecciones empresariales, propuesto para el 2017, tiene como fin «comprobar que se está planificando de forma correcta», dijo el titular de Empleo en la Comunidad Autónoma. La medida también persigue evitar que los trabajadores puedan sufrir algún riesgo durante su jornada laboral debido a las prácticas fraudulentas de las empresas.