La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acaba de reclamar a la Fundación CAM un listado de sus bienes para garantizar que hará frente a los 25,6 millones que impuso como fianza solidaria en la pieza abierta por el presunto falseo de las cuentas de la caja de ahorros y la asignación por parte de los entonces responsables de la entidad y hoy acusados en este procedimiento de emolumentos a los que supuestamente no tenían derecho.
A principios de abril la juez abrió juicio oral por estos hechos para el expresidente Modesto Crespo, para los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós y para la exdirectores Teófilo Sogorb, Vicente Soriano, Francisco Martínez, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa. Las penas que se reclaman para los acusados llegan hasta los 17 años aunque la media ronda los 7.
En el mismo auto la magistrada fijó un aval solidario de 1.600 millones, que al día siguiente rebajó a 25,6 tras corregir lo que denominó un «error material», una cuantía de la que en primer lugar tenían que responder los acusados. De no hacerlo en parte o en su totalidad,como responsable civil directo la instructora señaló a Caser (la aseguradora con la que la CAM tenía contratada una póliza pero cuya cobertura está limitada en15 millones) dejando a la Fundación CAM y al Banco Sabadell como responsables civiles subsidiarios. Y daba el plazo de «una audiencia», es decir, un día, para hacer frente a la fianza.
Dos meses y medio después de haber requerido ese aval la magistrada ha dictado una providencia en la que reclama a los responsables de la Fundación CAM que «manifiesten relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía requerida, debiendo expresar las cargas y gravámenes que pesen sobre los bienes y derechos que señale así como, en caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, con apercibimiento de desobediencia grave en caso de no presentar la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes susceptibles de embargo o no desvele las cargas o gravámenes que pesen sobre ellos», según recoge el escrito notificado a las partes.
Recurso
Contra esta providencia los abogados de la Fundación CAM han presentado un recurso de reforma en el que mantienen que «el Banco de Sabadell ya ha afianzado la cantidad completa reclamada por las acusaciones», por lo que entienden que «no puede exigírsele a la Fundación nuevamente la misma». Los representantes legales de la heredera de la Obra Social de la caja agregan que «distinto sería que fueran conceptos, cantidades o acusaciones diferentes o bien que el corresponsable solidario hubiera parcialmente cubierto la fianza». Al igual que ya hicieron cuando la juez exigió esta cantidad y la Fundación pidió, sin éxito, que se anulara ese auto, los letrados también reclaman en esta ocasión que la magistrada deje sin efecto el requerimiento por haberlo cubierto ya en Sabadell.
En este proceso dos acusaciones han reclamado la responsabilidad civil del Sabadell y de la Fundación: la de cerca del millar de afectados por la compra de cuotas participativas que representa el letrado murciano Diego de la Ramón, que pide cerca de 20 millones de euros, y la de otro grupo de afectados por la compra de estos títulos que, bajo de la denominación Bon Llar S.L., están personados en el procedimiento y plantean que se les resarza en algo más de 62.000 euros. La suma de ambas cifras más el tercio que marca la ley dan los 25, 6 millones que la juez reclama a la Fundación con carácter solidario junto al banco catalán.
La heredera de la Obra Social siempre ha mantenido que, en el peor de los casos, de no eximirles de toda responsabilidad, únicamente se le podría pedir que respondiera de los 62.000 euros que reclama Bon Llar (que se elevarían a cerca de 90.000 con el tercio) pero no a los 20 millones que reclama de Ramón, una indemnización que entiende que se tiene que concretar en ejecución de sentencia, como plantea el fiscal en su escrito de acusación.
El Ministerio Público centra el posible daño por la compra de participativas en las operaciones realizadas entre marzo de 2011, cuando se publicaron las cuentas supuestamente falseadas de la caja, y julio de ese mismo año, fecha en que la CAM fue intervenida. A ese quebranto, una vez cuantificado, es al que se tendría que hacer frente con el aval ahora reclamado.
