Una de las investigadas en el presunto fraude de las obras del AVE entre Crevillente (Alicante) y Murcia dijo a la Guardia Civil cuando fue detenida con su marido y sus dos hijas que no sabía que en el año 2012 su nombre figuraba en 34 cuentas bancarias con saldos que sumaban 3,1 millones de euros.

Las declaraciones de María Teresa B.O., esposa del ingeniero José Manuel F.P., también imputado en ese caso, han sido conocidas al levantarse el secreto de las actuaciones del juzgado de instrucción de Murcia que investiga los hechos.

En un informe elaborado por la Guardia Civil y la Agencia Estatal de Administración Tributaria entregado en el juzgado se sospecha que parte de esa suma podría proceder de los supuestos sobrecostes de las obras que habría recibido presuntamente el esposo de la declarante, cobro que este siempre ha negado.

María Teresa B.O. manifestó a otra pregunta de los agentes que quisieron saber sobre el origen de los fondos que «creía que esos saldos estarían relacionados con los proyectos del AVE de su marido», en referencia a las actividades de este relacionadas con las obras de reposición de redes de regadíos dependientes del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante), para el que trabajaba.

Los investigadores le preguntaron si era posible que hubiera realizado 65 operaciones entre adquisiciones por casi dos millones de euros y transmisiones por casi 2,4, a lo que contestó que «eso sería lo que estuvo firmando en una oficina bancaria», pero que ella «no sabía lo que firmaba», que acompañó a su marido a donde este le indicó.

Ocho escrituras el mismo día

También se le preguntó si sabía la razón por la que ella y su marido realizaron ocho escrituras notariales el mismo día sobre emancipación de una hija que era entonces menor de edad, donaciones de inmuebles, venta de participaciones de una empresa del matrimonio y otros asuntos.

A ello respondió que eso estaba relacionado con la separación de bienes y que «ya que se hacía eso, pues se dejaba a las crías con lo suyo», que no se le preguntara el porqué, porque eso fue su marido «quien dijo de hacerlo».

Según el informe de los investigadores, ese desplazamiento del patrimonio de los cónyuges y del de una sociedad por ellos creada hacia la esposa y sus dos hijas por un valor total de 4,2 millones constituiría un 'desvío' del mismo, ya que las donaciones, préstamos, venta de sociedad y otros recogidos en los protocolos notariales se hacían «sin que mediara pago alguno».

Para los agentes, tanto la esposa como las hijas de José Manuel F.P. podrían haber incurrido presuntamente en un delito de blanqueo de capitales.

Hace unos días trascendió que el empresario Juan O., investigado en la misma operación, aseguró al declarar ante la Guardia Civil que llegó a entregar entre cuatro y cinco millones de euros a otro de los investigados, Antonio José F., y que para hacer el traslado se tuvo que comprar un bolso tipo bandolera. También aseguró que Antonio José F. se tomaba la precaución de bajar la persiana del despacho donde realizaba la entrega.