Fiel a sus palabras de investigar todos los posibles focos contaminantes que vierten al Mar Menor en los últimos quince años, el fiscal de Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera, envió ayer a la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a la Policía Judicial para solicitar todos los expedientes de vertidos abiertos a los agricultores del Campo de Cartagena.
Los agentes se personaron ayer en la sede del organismo de cuenca y pidieron al departamento de la Comisaría de Aguas información sobre el sellado de uno de los puntos de vertidos de las salmueras a los cauces públicos en el Campo y que luego, vía rambla del Albujón, desembocan en el Mar Menor, según confirmaron fuentes de la CHS.
«La fiscalía quiere saber qué actuaciones está llevando la Comisaría en la comarca y nos hemos comprometido a remitírsela a lo largo de la próxima semana», añadieron las mismas fuentes, puntualizando que «por nuestra parte va a haber una total cooperación».
El fiscal de Medio Ambiente decidió hace unos días abrir una investigación penal por posible delito ecológico por la contaminación del Mar Menor para encontrar a los causantes de la misma. En concreto, el mismo día que decenas de agricultores del Campo de Cartagena impidieron que la CHS siguiera con el sellado de uno de los cauces públicos al que se vierten las salmueras procedentes de los pozos de riego que utilizan en época de sequía para salvar los cultivos.
La Comisaría de Aguas del organismo de cuenca había iniciado estos trabajos al recibir, según argumentaron fuentes oficiales, un requerimiento de la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, para que cesaran esos vertidos, que desembocan en el Mar Menor.
Los agricultores explicaron que no podían dejar de usar los pozos, y las desalobradoras que eliminan las sales sobrantes y producen las salmueras que luego se vierten, si no recibían otros aportes de agua. Miles de familias que viven de la agricultura en la zona dependen de ello, indicaron. Asimismo, subrayaron que llevan más de 15 años reclamando a la Consejería y a la CHS una solución al problema, puesto que ambas instituciones tienen competencias en el asunto. Incluso manifestaron su disposición a pagar las obras de los ´salmueroductos´ para que los vertido terminen en el Mar Mediterráneo.
