El fiscal de Medio Ambiente, que tiene abierta una causa por la por contaminación en el Mar Menor, está recibiendo las primeras denuncias de particulares que quieren 'animar' la causa, según han confirmado distintas fuentes.

Un formulario 'tipo' elaborado por expertos en Derecho circula por las redes sociales, con el que se pretende ayudar a las personas interesadas en presentarse como acusación particular en este caso, que está camino de convertirse en una 'macrocausa'.

En el documento, la denuncia se presenta «por la comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente» (artículo 325 del Código Penal). Delitos que «se han cometido y siguen cometiendo en el Mar Menor».

Asimismo, el escrito se dirige «contra quienes han debido proteger el Mar Menor en las últimas décadas, y específicamente contra los presidentes de Gobierno, consejeros de Agricultura y de Fomento de la Comunidad Autónoma de los últimos veinte años», así como contra quienes «de las investigaciones que se practiquen puedan ser considerados responsables penales».

Tras seis puntos argumentativos de las razones por las que se presenta la denuncia, el documento concluye solicitando a la fiscalía abrir diligencias de investigación penal «para comprobar los hechos denunciados y sus presuntos responsables», remitiéndolo al juez «una vez comprobado que los hechos son constitutivos de delito».

Asimismo, le reclaman realizar diligencias para la investigación de los hechos y se propone llevar a cabo una inspección ocular de la ribera del Mar Menor, y específicamente de la desembocadura de la rambla del Albujón.

También, requerir al Gobierno regional todos los estudios e informes realizados en relación al Mar Menor en los últimos 20 años.

Se solicita igualmente a la fiscalía tomar declaración a los científicos Julio Mas, del Instituto Oceanográfico de Lo Pagan, y a los profesores Ángel Pérez Ruzafa, Miguel Ángel Esteve y Francisca Jiménez, de las universidades de Murcia y Alicante, sobre la evolución y estado actual del Mar Menor.

Y que el IEO de Lo Pagán «realice una monitorización permanente de las aguas para saber día a día su estado y que no suponen un peligro para la salud de quienes se bañen en las mismas».