La Dirección General de Bienes Culturales de la consejería de Cultura ha abierto un expediente sancionador por la destrucción parcial del yacimiento arqueológico 'Playa de El Castillico', junto al Mar Menor (Cartagena). Se trata de un Bien Catalogado por su relevancia cultural (no Bien de Interés Cultural -BIC-).

El expediente que se puso en marcha incluía, en un principio, a tres empresas como posibles implicadas, si bien finalmente se ha determinado que sólo una de ellas sería la causante de estos daños, «y contra ella hay una resolución de liquidación», según informaron ayer fuentes de Cultura.

La Dirección General ha enviado, «recientemente», la notificación a la empresa, si bien no se trata de una resolución en firme, según puntualizan las mismas fuentes.

La empresa, una vez reciba la resolución de Patrimonio, tiene un plazo de dos meses para presentar un recurso contra la misma ante el tribunal Contencioso Administrativo.

Aunque desde la Dirección General no han querido especificar la multa a la que podría enfrentare la empresa, distintas fuentes consultadas por esta Redacción informaron de que podría enfrentarse a una multa de entre 10.000 y 15.000 euros.

El primer informe es de 2013

El ayuntamiento de Cartagena, a raiz de las denuncias telefónicas recibidas por roturaciones de trabajos agrícolas en el entorno de Playa Honda-Camping Caravaning, envió a un técnico e inspector a revisar la zona.

El inspector encargado de escribirlo, Pedro García, actualmente en excedencia y director de la organización ecologista Anse, comprobó in situ, en octubre de 2013, el trabajo de una excavadora que arrancaba material silvestre. En el lugar le informaron que estaban preparando la tierra para cultivo de regadío, si bien el responsable de la empresa agrícola no enseñó los documentos que demostraban que tenían permiso.

Los trabajos realizados, como consta en el informe, afectaban a dos zonas del yacimiento arqueológico 'Playa del Castillico'. El inspector llamó al Servicio de Patrimonio de la Comunidad y le informaron de que «no existe autorización para realizar» esos tabajos. En una de las zonas se había roturado «completamente» la vegetación natural, alguna de cuyas especies están protegidas por la legislación regional. Y el técnico advirtió de que los trabajos podrían afectar a la escorrentía.