La eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio supondría, a lo largo de los diez primeros años, un 5% de crecimiento adicional para la economía española y unos 181.000 puestos de trabajo, según un estudio realizado por la Unión de Contribuyentes (UC) y la Fundación para el Avance de la Libertad. El presidente de CROEM, José María Albarracín, reclamó la supresión de este tributo en la última asamblea general de la patronal murciana.

El informe analiza la aplicación por parte de cada comunidad autónoma , y compara cada una de esas situaciones con la media española y con Francia, único país de la UE que aún mantiene, como España, este impuesto.

Así, el informe incluye a la Región, junto a Andalucía, Asturias, Baleares, Galicia, Cataluña y Comunidad Valenciana, entre las comunidades que tienen una tarifa de este impuesto por encima de la escala general, aunque sin llegar al nivel extremo que rige en Extremadura, donde el contribuyente paga, a igual valor patrimonial, el doble que en Francia.