Responsables del Grupo ACS confirmaron en su comparecencia ante la Comisión Especial de Investigación de la Desalinizadora de Escombreras que están negociando la compra de la planta por parte de la Comunidad Autónoma. Así lo afirmó el diputado de Podemos Antonio Urbina tras la comparecencia a puerta cerrada del director financiero de ACS, Cristóbal González; y Miguel Caballero y Eugenio Lorente, de Hydromanagement, quienes señalaron que los representantes de estas empresas del grupo que construyó y gestiona la desalinizadora no han dado detalles sobre el proceso negociador ni el precio que están manejando.
Urbina consideró «inaceptable» que la Comunidad Autónoma haya negociado con el Grupo ACS comprar la planta por 60 millones, más la subrogación del crédito de construcción de la desalinizadora y los gastos de explotación y mantenimiento ya abonados, lo que supondría, en caso de llegar a un acuerdo, un coste total de 300 millones de euros.
El diputado de Podemos detalló que las comparecencias han dejado claro que la deuda que mantiene el Grupo ACS con los seis bancos que concedieron el crédito y con el ministerio de Industria se situaría en 91 millones de euros y que la mayor parte de lo pagado ha sido destinado a abonar intereses.
Por su parte, el diputado socialista Jesús Navarro aseguró que los responsables de ACS manifestaron que la planta es un «problema que están deseando quitarse de en medio» porque les ha causado un balance negativo de 164 millones de euros.
Navarro achacó esta deuda a que están abonando los gastos del préstamo y no están recibiendo de la Comunidad Autónoma los pagos por la explotación y el arrendamiento de la desaladora.
Desde la bancada del PP, Juan Luis Pedreño aseguró que los directivos del Grupo ACS dijeron que la planta no va a costar «ni 600, ni 500, ni 400 ni 300 millones de euros» al Gobierno regional, y que en la negociación contemplan que se descuente del precio final de la venta el dinero que ya ha abonado la Comunidad Autónoma por gastos de explotación y arrendamiento.
Autoridad Portuaria
Posteriormente, llegó el turno del director general de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) José Pedro Vindel, quien admitió que, al igual que el expresidente Adrián Ángel Viudes, era reacio a que se hiciera la captación del agua de la dársena de Escombreras, pero aclaró que se debía a que, en caso de un derrame accidental, no hubiera consecuencias jurídicas sobre este organismo.
En este sentido, Vindel señaló que, aunque no es competente, la APC, a través de los múltiples análisis de las aguas hechos por la consejería de Sanidad y por Enagás, que tiene una toma de agua contigua a la de la planta, demuestran que el agua tiene una calidad aceptable.
En ese sentido, detalló que los análisis de arsénico muestran una concentración de 5,22 miligramos por litro, mientras que el umbral considerado «peligroso» está en 50, diez veces más, por lo que se mostró «tranquilo» respecto a la afectación a la salud de la población que consume estos caudales.
Por otra parte, el director del Puerto de Cartagena anunció que en los próximos quince días se sacará a información pública el proyecto constructivo de la captación del agua en el exterior de la dársena de Escombreras, que está presupuestado en 7 millones de euros y que prevé que esté concluido antes de finales de año, que es cuando caduca la prórroga de la autorización para seguir cogiendo el agua de la toma interior.
El presidente de la Comisión de Investigación y portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, se refirió a que Vindel ratificó que la toma interior no era el lugar más adecuado para situar el cajón y que la planta siguió captando agua entre enero y junio de 2014, periodo en el que la APC les dejó sin la autorización pertinente para ello.
