La empresa propietaria de la desaladora de Escombreras, la firma del grupo ACS Hydro Managemente, no ha conseguido librarse del Impuesto de Obras que le reclama el ayuntamiento de Cartagena, como promotora de la planta. Dado que el Gobierno regional solo es titular de un contrato de alquiler, el TSJ ha fallado que la planta no pertenece a la Comunidad Autónoma, sino a la empresa Hydro Management, por lo que está obligada a pagar el impuesto que le reclama el Consistorio, por importe de un millón y medio de euros.

A los escándalos sobre la gestión de la desaladora y las empresas del grupo ACS que intervienen en su gestión se ha sumado la disputa por el pago de los tributos locales que la propietaria de la planta trata de sortear, aduciendo que es de titularidad pública. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso del TSJ coincide con el ayuntamiento de Cartagena en que precisamente por no ser de titularidad pública la desaladora no estaba exenta del pago del Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO). Añade la Sala, que tiene como ponente a la magistrada Leonor Alonso, que el consistorio cartagenero reclamó, en concepto de ese impuesto, el pago de 1,5 millones de euros, decisión que fue recurrida ante los tribunales, pero el Juzgado de lo Contencioso al que correspondió el asunto en primera instancia desestimó la reclamación.

La sentencia ahora confirmada rechazó en primer lugar la alegación referida a la exención del ICIO de las obras hidráulicas de las que son titulares las comunidades autónomas porque esta desaladora «no goza de declaración de obra hidráulica de interés general».