La comisión especial de investigación de la desaladora de Escombreras, que tenía previsto cerrar las comparecencias el próximo miércoles, ampliará su actividad debido a la gravedad de las revelaciones del exdirector de la planta sobre posibles irregularidades, entre ellas la manipulación del medidor de arsénico.

Todos los grupos se mostraron proclives a ampliar las citaciones para esclarecer las posibles repercusiones sobre el medio ambiente y la salud de la población en las actuaciones de los responsables de la planta, aunque el portavoz parlamentario del PP, Víctor Martínez, las ha condicionado a que la declaración ante el Seprona del antiguo director de la desalinizadora esté avalada por informes técnicos.

El secretario general del PSOE, Rafael González Tovar, calificó de «espeluznante» que «conforme se tira del hilo, haya elementos más preocupantes» en la gestión de la planta, mientras que su homólogo de Podemos, Óscar Urralburu, tildó de «vergüenza» que se pueda haber cometido «un atentado medioambiental y contra la salud pública».

Por su parte, el portavoz de la comisión y de Ciudadanos, Miguel Sánchez, dijo que si se demuestran los hechos denunciados, pedirán que se depuren responsabilidades políticas, puesto que se añadiría a un posible caso de «corrupción política un atentado contra la salud pública».