Presupuestos

El Gobierno da a elegir a la oposición entre sus enmiendas o las ayudas a los municipios

Pide su apoyo para modificar el Presupuesto y desbloquear 64 millones destinados a los ayuntamientos que estaría obligado a gastar en el pago del verano a los interinos docentes

29.06.2016 | 08:36

Las enmiendas parciales que PSOE, Podemos y Ciudadanos introdujeron al Presupuesto General de la Comunidad para 2016 establecían al Gobierno una serie de obligaciones con las que no contaba, como el pago de los meses de verano al personal docente interino, el levantamiento de la suspensión de algunas ayudas de acción social de los empleados públicos o la devolución, en este ejercicio y no el que viene como estaba previsto, de la parte de la paga extra de 2012 que queda por reintegrar a los funcionarios.

Sin embargo, según el Ejecutivo, la oposición introdujo estas obligaciones, que se cifran en 64 millones de euros, en el texto articulado de la Ley de Presupuestos, y no en el estado de gastos, por lo que no hay ningún crédito asignado para llevarlas a cabo. Esto ha provocado, según el Ejecutivo regional, que haya 64 millones de euros bloqueados en previsión de tener que afrontar estos gastos impuestos por la oposición, a costa de sacrificar subvenciones a los ayuntamientos, en su mayoría para ejecutar obras en sus respectivos municipios.

Por tanto, el Gobierno regional quiere realizar una serie de modificaciones presupuestarias, para lo que necesita el apoyo de al menos uno de los tres grupos de la oposición en la Asamblea. Así, el consejero de Hacienda y Administración Pública, Andrés Carrillo, va a iniciar una serie de contactos con representantes de PSOE, Podemos y Ciudadanos para plantearles la situación y hacerles elegir entre las enmiendas citadas –por ejemplo, el Gobierno ve más razonable abonar la parte que queda de la extra en enero de 2017, como acordó con los sindicatos, en lugar de en diciembre de 2016, con lo que el gastos ya se contemplaría en el Presupuesto de 2017– y las prioridades de los ayuntamientos murcianos, 27 de ellos gobernados por el PSOE.

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Andrés Carrillo, asegura que el Gobierno regional no ha bloqueado los 64 millones de las partidas destinadas ayudas a los municipios por capricho, sino porque «el Presupuesto de la Comunidad es muy cautivo, y no se pueden tocar partidas destinadas al pago de nóminas, intereses o gasto corriente, ni tampoco las inversiones cofinanciadas, por lo que lo único que se puede bloquear son los capítulos de subvenciones corrientes, de inversiones reales y subvenciones de capital, que principalmente afectan de manera muy importante a los ayuntamientos».

Además, el Gobierno autonómico quiere realizar otra modificación en la Ley de Presupuestos para evitar que los ayuntamientos tengan que devolver el 30 de junio de este año el importe de las subvenciones recibidas para realizar obras que no hayan ejecutado en la fecha prevista. «Ellos metieron las enmiendas a cajón, sin meditar, y ahora nos encontramos con esto», señala el consejero Carrillo, que quiere que estos cambios en la Ley de Presupuestos se aprueben antes de que se suspenda la actividad legislativa en la Asamblea Regional con motivo de las vacaciones de verano.

Carrillo reconoce que «no será fácil» alcanzar un acuerdo con la oposición para aprobar las modificaciones presupuestarias, pero advierte de que «la situación es la que es» y asegura que los alcaldes de la Región, entre ellos los socialistas, están presionando al Gobierno para que libere los 64 millones que necesitan.

Desde el PSOE señalaron ayer que esperarán a reunirse con el Gobierno para escuchar su propuesta, aunque en principio no ha gustado la actitud del Ejecutivo de utilizar a los ayuntamientos para chantajearlos.

Administración. Reunión del Consejo Regional de la Función Pública
El consejero de Hacienda y Administración Pública, Andrés Carrillo, presidió ayer la reunión del Consejo Regional de la Función Pública. Carrillo destacó que en la reunión se iban a tratar dos cuestiones. La primera, una modificación de 45 puestos de trabajo de la Tercera Mesa, es decir, que no pertenecen a las áreas de Educación y Sanidad, y que variarán en función de la demanda de la Administración regional. El otro asunto tratado fue la aprobación de la estructura tipo de los puestos de trabajo de la sección de Informática, «departamento estratégico» para el Ejecutivo regional.

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