La Fiscalía ha pedido a la Comunidad Autónoma la lista de planes urbanísticos aprobados por los municipios que se ampararon en el agua de la desaladora de Escombreras para sacar adelante recalificaciones sin la autorización preceptiva de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Con esta petición el Juzgado de Instrucción Número 9 de Murcia pone en marcha las pesquisas para investigar la denuncia presentada por el promotor de Totana Manuel Núñez contra las operaciones urbanísticas que han supuesto la recalificación de 180 millones de metros cuadrados en la Región sin cumplir el artículo 25.4 de la Ley de Aguas. Este incumplimiento ha dado lugar a la anulación de varios Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) en el Tribunal Supremo.
El fiscal José Luis Díaz Manzanera, que ha investigado las irregularidades detectadas en los contratos de la desaladora de Escombreras suscritos por el Ente Público del Agua para expedir certificados a los municipios que tenían bloqueado su desarrollo urbanístico, emitió un informe en el que apuntaba la existencia de indicios de prevaricación en estas recalificaciones, ante el intento deliberado de sortear el informe preceptivo que establece la Ley de Aguas. Ahora ha solicitado a la Comunidad la lista de planes urbanísticos que fueron tramitados con informes en contra de la CHS, entre los cuales figuran los PGOU de Puerto Lumbreras y de Aledo, que ya han sido anulados por el Supremo. Han corrido la misma suerte planes parciales como el de Joven Futura en Murcia.
Veintiséis municipios firmaron acuerdos con el Ente Público del Agua, el órgano creado por la consejería de Agricultura para distribuir el agua desalada, aunque solo Murcia, Cartagena y Torre Pacheco llegaron a comprar los caudales procedentes de Escombreras.
