El presidente Pedro Antonio Sánchez insiste en que no ha infringido la ley

Así lo entiende el jefe del Ejecutivo, que compareció ayer tras la toma de posesión del nuevo consejero de Fomento e Infraestructuras, Pedro Rivera, para dar explicaciones sobre el informe de la Guardia Civil que asegura que el presidente regional llegó a concertar con uno de los imputados, Alejandro de Pedro, la realización de un contrato que si no se materializó fue porque los miembros de la parte contratada fueron detenidos en la operación Púnica.

Sánchez reiteró en que «no se ha infringido la ley» porque, insistió, la consejería de Educación «no firmó nada, no pactó nada, no acordó nada, no pagó nada» con los empresarios de la trama Púnica que, según asegura, estuvieron durante todo un año detrás de él para ofrecerle sus servicios.

El jefe del Ejecutivo puso en cuestión el informe de la Guardia Civil, al señalar que habla de «hipótesis, de condicional y de futuribles», señalando que es a la Justicia «a la que le corresponde ahora investigar, trabajar, decidir» para que «todo se resuelva cuanto antes». «La verdad se abrirá camino», confió Sánchez, que queda pendiente de la decisión que la Fiscalía y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tomen sobre él tras analizar el documento policial. Si deciden que hay indicios para investigarlo, el magistrado deberá enviar una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, que a su vez tiene que decidir si la admite a trámite y, en el caso de que lo haga, nombrar un instructor.

Las reuniones con De Pedro

Pedro Antonio Sánchez explicó también la conversación vía Whatsapp que mantuvo con Alejandro de Pedro, en la que le insta a mantener una reunión en Madrid. «Los mensajes no reflejan cordialidad ni confianza entre nosotros, incluso soy yo el que se tiene que presentar», afirma. Cree que el hecho de que estuviera interesado en reunirse con el presunto conseguidor de la trama Púnica no contradice su versión de que eran estos empresarios los que le insistían con perseverancia para que contratara sus servicios. «Él (Alejandro de Pedro) estaba interesado en reunirse conmigo, y aprovechando un viaje a Madrid, mantuvimos un encuentro en el que yo solo le escuché», recuerda el presidente, que reconoció que si hubiera sabido lo que había detrás de Alejandro de Pedro «ni me siento con él».

El jefe del Ejecutivo hizo hincapié en que el contrato no podía estar tan avanzado como sugiere la UCO porque no se abrió ningún tipo de expediente en la Administración regional. Además, asegura que es «imposible» que la Administración pudiera empezar a pagar a partir del 1 de noviembre los servicios de reputación online -como consta en la documentación intervenida en los registros a las empresas de la trama- cuando a 24 de octubre de 2014 (fecha en la que se produjo la reunión en la que, supuestamente, el jefe de gabinete de Sánchez dio el 'ok' al contrato) no se había movido un solo papel en la Comunidad. «Si no lo hicimos, por algo sería, porque no queríamos hacerlo».

«Yo digo la verdad y la verdad se demuestra cuando, al final, durante un año no se firma nada, ni se paga nada, ni hay ningún tipo de contrato», señaló Sánchez, que insiste en que «nunca, jamás, habría permitido un contrato de este tipo pagado con dinero público». Según la UCO, el acuerdo al que habrían llegado supondría el pago por parte de la consejería de Educación de 4.600 euros al mes desde el 1 de noviembre de 2014 al 31 de mayo de 2015 por 'limpiar' la imagen en Internet de PAS. Todo se camuflaría, apunta la Benemérita, bajo un ficticio contrato de formación. Por este motivo, la Guardia Civil ve indicios de que el presidente y su jefe de gabinete podrían haber incurrido en un supuesto delito de fraude en materia de contratación pública.

«Los murcianos pueden estar tranquilos porque ni un solo euro público ha ido a parar a esta trama», reiteró el presidente, quien se comprometió a hacer públicos los contratos que la Comunidad Autónoma haya firmado con las empresas de la trama Púnica, que en principio solo afectarían al Instituto de Turismo y al Instituto de Fomento, que, según sospecha el juez Eloy Velasco, firmaron un contrato para la promoción turística de la Región cuyo propósito real sería promocionar la carrera política del exconsejero Juan Carlos Ruiz, quien fue adversario interno de Sánchez por el liderazgo del PP regional y que ahora está imputado en la causa.

PAS confesó estar viviendo «un escarnio» y afirmó, en contra de lo que dice el informe de la Guardia Civil, que no habló «ni una sola palabra» con Pilar Barreiro de los empresarios del caso Púnica.