La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está convencida de que el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, cerró un acuerdo con los cabecillas del caso Púnica cuando era consejero de Educación para mejorar su reputación online con dinero público, y que si no se materializó en un contrato fue porque se desató la operación policial que desmanteló la presunta trama de corrupción.
Así lo concluye el demoledor informe de la UCO que el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Púnica, Eloy Velasco, tiene en su poder desde el pasado 13 de mayo. El documento, de 64 páginas, señala que «la propia intervención telefónica como las conversaciones whatsapp, correos electrónicos intervenidos y documentos digitales, así como la declaración de un extrabajador de empresas del caso Púnica muestran que Pedro Antonio Sánchez dio su autorización para que se contrataran trabajos reputacionales en su favor a las empresas de Alejandro de Pedro».
Este contrato, según indica la Guardia Civil, sería de 4.600 euros al mes desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el 31 de mayo de 2015 (un total de 36.000 euros), fecha de las elecciones, tendría como único objetivo mejorar la imagen en Internet tanto del actual presidente como de la exalcaldesa de Cartagena y actual candidata popular al Senado, Pilar Barreiro, e iba a ser camuflado como un contrato «de formación».
Es por ello que la Benemérita ve indicios suficientes para considerar que Pedro Antonio Sánchez y un miembro de su gabinete, David Conesa, habrían participado en un supuesto delito de fraude en contratación pública.
Emails y Whatsapps
El informe de la UCO contiene una serie de conversaciones telefónicas intervenidas, correos electrónicos, conversaciones de whatsapp y documentos digitales relacionados con los servicios que la trama ofreció (y llegó a concertar, según la Guardia Civil) al entonces consejero de Educación, que aspiraba a ser candidato del PP a la presidencia de la Comunidad y competía por ello con Juan Carlos Ruiz, en esos tiempos consejero e imputado en el caso Púnica por el mismo motivo.
En un primer apartado, relata las conversaciones que Alejandro de Pedro mantenía con otro miembro de la supuesta trama, el exalcalde cartagenero José Antonio Alonso, para acceder a Pedro Antonio Sánchez y ofrecerle sus servicios con el objetivo de limpiar su imagen en Internet (deteriorada entonces porque estaba imputado por el caso de la compra de su chalé, por el que quedó absuelto finalmente) e incluso la contratación de un periodista para que actualizara una web de noticias positivas para el entonces consejero de Educación. En estas negociaciones, según la UCO, jugó un papel fundamental Pilar Barreiro, que se vería beneficiada, y además gratis, del futuro trato de las empresas del caso Púnica con la consejería de Educación, Cultura y Universidades.
También se detallan los emails y las conversaciones vía whatsappa que David Conesa mantenía con Alejandro de Pedro para la gestación de este supuesto contrato para mejorar la imagen en Internet de su jefe pagado con dinero público. «Buenos días, si podemos vernos hoy, estupendo, así te voy avanzando un poco y el viernes, con más tranquilidad, nos vemos y terminamos de verlo todo», decía el trabajador del equipo del jefe del Ejecutivo regional al cabecilla de la trama Púnica. «Buenas tarde, Alejandro, disculpa que te moleste. Verás, mañana acompaño al consejero a Madrid y me preguntaba si tendrías un hueco para vernos y hablar de este tema que llevamos. Un saludo», dice Conesa en otro correo electrónico dirigido a la misma persona.
Reuniones
La Guardia Civil da cuenta de al menos dos reuniones del propio Pedro Antonio Sánchez con este cabecilla de la trama Púnica. Una, celebrada en junio de 2014, en la que también habría participado Pilar Barreiro -que es íntima amiga de José Antonio Alonso y a la que la Guardia Civil otorga un papel clave para que la trama tuviera acceso a Pedro Antonio Sánchez-, en la que se empezaron a tratar los primeros informes de la percepción en Internet de la figura del actual presidente de la Comunidad Autónoma.
Otra entrevista entre los mismos protagonistas habría tenido lugar en septiembre de 2014 en el hotel Las Letras de Madrid, según declaró a la Guardia Civil uno de los trabajadores de las empresas de Alejandro de Pedro.
Una tercera reunión se habría producido el 24 de octubre de 2014, tres días antes de que se produjeran las primeras detenciones. En esta reunión, según la Guardia Civil, «se acuerda la realización de la reputación de Pedro Antonio Sánchez así como la contratación de un periodista para dotar de contenido a una web con noticias positivas del consejero. «Si la adjudicación finalmente no se produjo fue por razón de las actuaciones judiciales y policiales en días posteriores, si bien ello no obsta a que, como se ha comprobado, existiera ya un concierto para la adjudicación del contrato público entre el consejero y Alejandro de Pedro», apunta la UCO.
El testimonio clave
Se llama Francisco Javier Bueno y figuraba como director general de la emrpresa Eico, vinculada a la trama Púnica. Fue detenido en esta operación policial, pero su declaración fue «muy clarificadora» para la Guardia Civil en lo relativo a la investigación sobre Pedro Antonio Sánchez. Fue él el que declaró que «el informe de reputación a PAS se iba a facturar con el concepto ´formación´» y que el hecho de que las empresas de la trama ya hubieran realizado un informe preventa para el consejero (incautado durante los registros en las empresas afectadas y que consta también en las diligencias) «pone de manifiesto que se ha ofrecido un servicio y que se ha aceptado por parte del cliente, que se iba a realizar el servicio de reputación a Pedro Antonio Sánchez y que se iba a facturar a la consejería de Educación de la Región con un concepto distnto y relacionado con la formación».
Otro testimonio fundamental de este exempleado se produjo el pasado 4 de abril en sede policial, cuando, recordando la reunión del 24 de octubre de 2014 (tres días antes de que se practicaran las detenciones) en la sede de la consejería de Educación, en la que él mismo participó. «El jefe de gabinete dijo que el consejero de Educación había dicho que ´OK´ al trabajo de reputación y todo lo que conllevaba, como la contratación de un periodista».
Conclusiones
El informe acusa tanto a Sánchez como a Conesa de ser responsables de un supuesto delito de fraude en materia de contratación pública, principalmente por el supuesto intento de camuflar el contrato con las empresas de la Púnica con el concepto de «formación».
